Por María Alicia Gutiérrez
(FSOC-UBA, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito)
Hoy una vez más el Congreso Nacional se teñirá de verde ante la presentación por 8ª vez del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (NDALSyG).
El año 2018 fue una instancia clave en el reclamo por el aborto legal. Se instaló por primera vez el debate por la Ley IVE en el Congreso Nacional. Esa instancia movilizó emociones, decisiones, acciones y convicciones. Enormes aprendizajes y un crecimiento exponencial de la Marea Verde transmite en todas partes la necesidad acuciante de no bajar los brazos y continuar en la lucha. Y también el sabor amargo que en esa oportunidad no pudo ser.
Catorce años de la Campaña hicieron crecer la convicción que es posible seguir dando la batalla. Esa decisión acompañó la plenaria nacional post 8A, así como la necesidad de revisar colectivamente la propuesta de proyecto de ley.
La plaza, ese espacio del encuentro afectivo de los cuerpos, volverá a estar invadido de verde en sinergia con el escenario parlamentario, donde nuevamente se cruzarán expectativas y emociones diversas.
La Campaña asume el desafío. Nuevamente se instala en la agenda política con el deseo de poner fin a esta etapa, y así poder trabajar intensamente en la implementación de un derecho anhelado y negado al conjunto de la ciudadanía.
Contexto de presentación
Al finalizar el proceso de debate en el Senado durante el 2018, la Campaña decidió, en plenaria nacional, realizar, colectivamente, la reformulación de su proyecto. Para ello se conformó una comisión que reflejó la diversidad federal, de pertenencia a regionales y/o Redes, edad y profesión o actividad.
Dicha comisión realizó la tarea de revisar el conjunto del proyecto, las modificaciones introducidas en la Media Sanción de la Cámara de Diputados y las presentaciones en ambas cámaras durante el debate. Se tomó nota de todos los aportes y sugerencias que surgieron en diversas instancias. Se presentó un borrador de propuesta al conjunto de la Campaña que la debatió en sus regionales y/o Redes, y, finalmente, se elaboró un nuevo proyecto.
En la plenaria nacional llevada a cabo en la ciudad de Córdoba en marzo del 2019, con la presencia de más de 200 activistes se consolidó un proyecto consensuado.
Esta dinámica de la Campaña, que es el modo de construcción política desde sus orígenes, permite el involucramiento de cada activiste y así apropiarse para el trabajo posterior de conseguir apoyos, tanto nacionales como regionales y globales.
El proyecto: sus principales características
El nuevo proyecto de ley, que será presentado con una gran movilización en la Plaza de los Dos Congresos en el día de hoy, contiene una serie de modificaciones donde se reconsideraron algunos puntos, y se perfeccionaron y/o agregaron temas que no fueron contemplados en el proyecto del 2018.
El proyecto se estructura en Título I, Título II y Título III. El primero consta de tres capítulos: interrupción legal del embarazo, cobertura, y políticas de salud sexual y reproductiva, que incluye educación sexual integral. El segundo contiene las modificaciones del código penal, y el tercero las disposiciones finales.
El proyecto especifica les sujetes de la propuesta (mujeres y otras identidades con capacidad de gestar), y se establece el plazo de 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo, y luego las causales. Este artículo es sumamente importante porque contiene el debate en relación a les sujetes de los feminismos, y se hace eco del avance del mismo y la legislación de la ley de identidad de género. Por otro lado retoma la voz de les compañeres de la disidencia sexual que son actives participantes, desde hace muchos años, de la CNDALSyG.
En la nueva propuesta es central la dimensión de los derechos humanos, donde la salud es uno de ellos, así como la inclusión ciudadana tanto por identidad de género como por condición de ciudadanía, sin distinción de nacionalidad, origen, condición de residencia y/o tránsito. Retoma así los avances de la legislación sobre migración y contiene todas las garantías expresadas en la Constitución Nacional.
Además desarrolla definiciones sustantivas que acompañan la formulación de los artículos, centralmente la de “personas gestantes” que homologa a mujer, y “salud integral”, que permite incorporar la noción de la OMS como el “completo bienestar bio/psico/social”.
Una modificación importante se expresa en el artículo 4 que establece las causales legales más allá de las 14 semanas estipuladas. Ellas refieren a las mismas que propone el Código Penal desde el año 1921, con el agregado del Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia del 2012. Luego de intensos intercambios, incluidas consultas a especialistas en genética, se decidió no incluir la causal “malformaciones graves incompatibles con la vida extrauterina”, dado que queda contenida en la nocion de salud integral. Por otro lado desarticula algunas de las críticas en relación a su posible contenido eugenésico.
El proyecto no incluye objeción de conciencia ni personal ni institucional, y establece con claridad los plazos y condiciones que deben regir en el sistema público de salud para garantizar el acceso sin dilaciones. La práctica debe estar garantizada por el sistema, no se debe solicitar autorización judicial y no puede impedirla ningún tipo de objeción de conciencia. El proyecto es contundente: “en ningún caso puede contener, la práctica de un aborto seguro, consideraciones personales, religiosas o axiológicas de les profesionales o personal de salud ni de terceros/as”. Esta consideración es de relevancia dado que supone el respeto a la privacidad, a la información y a la reserva de los datos.
En relación a la información, se explicita el derecho al acceso de toda persona y que la misma debe ser veraz, fundamentada en evidencia científica precisa, confiable, actualizada y laica. Este artículo marca la importancia del conocimiento convalidado por la comunidad científica y desmonta el accionar de los grupos antiderechos, especialmente religiosos, que han demostrado hacer uso de mitos, prejuicios y principios no corroborados científicamente en sus objeciones al proyecto de ley. Para el acceso a la información se propone la creación de consejerías interdisciplinarias en el sistema de salud a la que puede acceder toda persona gestante si lo desea y/o necesita, sin que se constituya en un requisito obligatorio. Esta observación es importante porque ofrece un servicio, pero destierra cualquier posibilidad de demorar la práctica por la inexistencia de equipos interdisciplinarios de consejería.
El proyecto presenta las condiciones de acceso a una interrupción voluntaria del embarazo para niñes y jóvenes. Se especifican de acuerdo a cada grupo de edad, y pone el centro en la noción de autonomía progresiva.
Se establece un artículo en particular para las personas con discapacidad o con capacidad restringida, y se estipulan los criterios de autonomía para dar el consentimiento informado. Ese artículo, agregado en el presente proyecto, tomó en consideración situaciones particulares y contó, para su elaboración, con la colaboración de organizaciones de personas discapacitadas.
Finalmente hay un Título completo que hace referencia a las modificaciones del código penal, que sustrae toda penalidad a las mujeres y les profesionales de la salud. Solo serán penadas aquellas personas que realizaran abortos sin el correspondiente consentimiento y de modo coercitivo.
El proyecto se estipula de “orden público”, lo que supone la obligatoriedad de la aplicación en todo el país y en cada uno de los distritos.
Estamos en Campaña
Ante la decisión de presentar nuevamente el proyecto, la comisión de cabildeo de la Campaña comenzó a incentivar sus contactos y su estrategia de incidencia dentro de la Cámara de Diputados. Esa Comisión, conformada por varias compañeras, lleva adelante una acción de diálogo y consensos para acordar la presentación de manera conjunta y cuya firma la encabezan las diputadas. Esta operación que parece relativamente sencilla, supone un armado estratégico donde se consensua la fecha, se dialoga sobre las firmas y las formas de la presentación. Hasta ahora –y estas negociaciones tienen un ritmo febril y cambiante a cada minuto– se han conseguido un número considerable de diputades firmantes que incorpora a todo el arco político. Esta multiplicidad de posiciones, así como los apoyos, fue una experiencia vivenciada en el proceso del 2018.
Entre tanto, desde la Campaña comienzan las comisiones designadas para la presentación a desplegar su enorme expertise. La logística supone el armado material que permite ocupar el espacio, y a través de ese trazado, que se expresen y circulen los cuerpos atravesados por la negación de un derecho y la potencia de la demanda. También se despliega la Marea verde, la insignia del pañuelo en los gazebos de materiales como en el de “artística”, que no es ni más ni menos que el glitter y todos los elementos que decoran de verde intenso los espacios y los cuerpos.
El armando de la agenda supone una estrategia conjunta de la totalidad de la Campaña que propone como momento cúlmine la realización de Pañuelazos en todo el país en el mismo horario. Los apoyos internacionales –que crecen exponencialmente– son una muestra irrebatible del momento instituyente que viven los feminismos. Despliegan, así, la lógica de la sororidad frente a un derecho negado o en proceso de retroceso en muchos lugares del mundo.
Entre tanto la CNDALSyG continúa desarrollando sus actividades en diferentes espacios: armando cátedras en universidades públicas, acciones en colegios secundarios para implementación de la ESI, encuentros en diferentes barrios, les trabajadores de la salud actualizando el recursero nacional y desarrollando estrategias para amplificar el acceso a un aborto seguro, entre otras. Todo ello muestra el dinamismo de la Campaña que se despliega en todos los frentes con convicción y dedicación.
Los grupos conservadores
Lograr puntos de consenso tanto en la formulación del proyecto como en la presentación produce una intensa sinergia y alberga expectativas.
Sin embargo, quienes se oponen al aborto legal y, que se expresaron fervientemente en la Cámara de Senadores en el 2018, están ahí, persisten y despliegan estrategias.
Ellas se reflejan en dos niveles: el sector católico opera a nivel de los aparatos del Estado (tanto nacionales como provinciales), y marca la línea en contra de los feminismos en general, y la lucha por el aborto en particular. Destaca el rol central de las mujeres, sin desconocer grados de autonomía, en el hogar, en la reproducción de la vida social y en la preservación de los valores morales.
El sector neopentecostal activa fuertemente en los barrios y moviliza hacia la calle en defensa de los valores cristianos. El “pánico moral” infundido a través del ataque a la “ideología de género” pone en evidencia la propuesta (que aparece soslayada tras discursos científicos y jurídicos) de restituir un orden que el plexo de derechos de ciudadanía ha dislocado.
Se expresaron en alianza en el 2018, y han continuado en su labor proselitista a través de ciertos “intelectuales orgánicos” que reproducen sus argumentos falaces y carentes de toda evidencia.
Ahora que sí nos ven
Entre tanto la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito continua en su lucha, ocupando una multiplicidad de espacios, y en la convicción que tarde o temprano el aborto será ley.
La enorme sinergia producida entre el conjunto del activismo, las redes tendidas a nivel global, la sororidad como sentido de acompañamiento desde todos los lugares son las razones que impulsan a presentar una y otra vez los proyectos en las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y exigimos que esta vez estén a la altura de la historia que les toca transitar.
Foto de portada: Nayla Vacarezza