Por Julieta Haidar (IIGG-UBA/UNER)
“Unidad, en defensa de los trabajadores” rezaba la bandera que enmarcó el palco de la última gran movilización obrera: el 21F. La composición social venía a confirmar la consigna, que el gobierno y los medios adláteres pretendieron ocultar bajo el mote de “el acto de Moyano”.
En la marcha participaron junto a camioneros, trabajadoras y trabajadores estatales, de ANSES, de la AFIP, docentes, municipales, panaderos, textiles, bancarios, judiciales, aeronavegantes, aceiteros, ceramistas, cerveceros, mineros, marítimos, canillitas. Una columna igualmente importante de movimientos sociales y la economía popular nutrieron el acto, que se completó con un amplio espectro de organizaciones políticas.
La cobertura periodística versó sobre si la iniciativa estuvo motivada o no en el interés personal de Hugo Moyano por defenderse frente a las causas judiciales que lo involucran. Este debate, sólo parece haber contribuido a nutrir la operación del gobierno de personalizar la lucha y ocultar el carácter político y contestatario que la movilización y el liderazgo expresan.
Los oradores denunciaron las “políticas que hambrean”, en un acto en el que se recuperó el tono y la mística peronista de la que la Confederación General del Trabajo sigue siendo reservorio. ¿Dónde más se pueden escuchar desembozadamente las palabras “gorilas” y “traición”, con la silueta de Evita de fondo y la marcha peronista de cierre?
De la mano de la restauración antipopular y el folklore peronista a su merced, la máquina seudo-despolitizadora que lidera el presidente de la Nación, sentenció que “esa es la Argentina del pasado”, la que no queremos. Otro es el rumbo que planea el presidente, uno en donde las y los trabajadores denosten la organización gremial y se sometan en forma voluntaria e individual al poder de las patronales.
Lo que está en juego
Bajo el manto del republicanismo y a caballo de la denuncia al preocupante pero impreciso universo de la corrupción, el gobierno de Cambiemos lidera en América Latina una embestida contra las políticas y narrativas en defensa de los intereses de las y los trabajadores y de la intervención del Estado en su favor. Brasil, en tanto, recorre un camino similar mediado por la violencia política-institucional.
En este marco, las relaciones del trabajo, que estructuran y cimentan la producción capitalista y la reproducción social en su conjunto, ameritan un programa específico de desmantelamiento tal como hoy funcionan en Argentina.
Desde diciembre de 2015 esa operación se está llevando a cabo por caminos diversos: despidos en el Estado, cierre de fábricas, pautas salariales a la baja en un contexto inflacionario, represión a la resistencia, desconocimiento de paritarias y de sindicatos resistentes (como el de metrodelegados), denuncias a dirigentes gremiales.
En una coyuntura en que el poder disciplinador de la incertidumbre laboral tiene efecto, el gobierno y las patronales avanzan en la flexibilización de las condiciones laborales y la vulneración de los derechos. En esa línea se inscriben entre otros el convenio de la industria lechera que incorporó la figura de trabajadores a tiempo parcial (como prenda de cambio que utilizó el gobierno para liberar fondos a fin de sanear a la cooperativa SanCor) y el acuerdo que desreguló el trabajo en altura en Vaca Muerta, haciendo peligrar la propia vida de los trabajadores petroleros.
El poder disciplinador opera también de hecho, las patronales aumentan su discrecionalidad, por ejemplo, para modificar la jornada laboral (trabajar más horas, rotar, cambiar los días) y las y los trabajadores no encuentran otra salida que acatar.
Sin embargo, para golpear con fuerza al movimiento obrero, no parece ser suficiente la extorsión de hecho o sectorial, sino que es preciso atacar las instituciones que estructuran el sistema de relaciones laborales y cristalizan relaciones de fuerza construidas en luchas históricas. El gobierno lo entiende, por eso y a su pesar, tras treinta y cinco años de democracia y a sabiendas de que la violencia abierta es intolerable, avanza en forma espasmódica, con cautela y apuntando a deslegitimar las prácticas y los liderazgos obreros.
Las coincidencias programáticas con la última dictadura militar son inocultables. El borrador de la ley de reforma laboral que diseñó el gobierno nacional formula como objetivo: “Promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas”. Este farragoso párrafo remite inmediatamente al discurso inaugural de Martínez de Hoz como ministro de la dictadura: “Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”.
Los contenidos del proyecto de reforma laboral se orientan a abandonar la función tutelar que le cabe al Estado, según el derecho social y el espíritu histórico de la legislación laboral argentina, frente a la relación asimétrica entre capital y trabajo. No son otros los propósitos del blanqueo, la individualización de la relación laboral, la flexibilización del despido.
El blanqueo implica la condonación de deudas empresarias y la reducción de aportes y contribuciones, todo lo cual contribuye al desfinanciamiento del sistema de seguridad social sobre el que se monta la reforma previsional. Por esta vía no hay cálculo actuarial que soporte solidaridad intergeneracional alguna.
Detrás del blanqueo se ubica también la obstaculización de la acción judicial en favor de las y los trabajadores, como vino a instalarse ya con la modificación de la ley de riesgos del trabajo. En sintonía con una serie de fallos regresivos de la Corte, al igual que en Brasil, el gobierno está avanzando sobre la justicia del trabajo y el sistema de inspecciones. Como en el gobierno de la Ciudad, a nivel nacional se sub-ejecutan presupuestos, en el Ministerio de Trabajo sobre las áreas de capacitación e inspección.
El proyecto de reforma laboral, tal como ha denunciado la Asociación de Abogados Laboralistas, pretende arrasar con la Ley de Contrato de Trabajo en sus fundamentos: individualiza la relación laboral y somete a trabajadoras y trabajadores al poder discrecional de las patronales.
En esta línea se orienta la introducción de la renuncia de las y los trabajadores a los derechos adquiridos y la potestad del empleador para modificar en forma unilateral las condiciones de trabajo, dejando como única opción para los primeros considerarse despedidos, al tiempo que la indemnización por despido se reduce considerablemente al excluir del cálculo indemnizatorio aguinaldo, horas extras y bonificaciones. El empleador no tiene nada que perder.
Para apuntalar la minimización del riesgo empresario, se extiende la subcontratación y la eliminación de la figura de la empresa principal como solidariamente responsable. A esta precarización institucionalizada se agrega la flexibilización de la jornada laboral vía un banco de horas. De esta manera las y los trabajadores quedan a merced del empresario que puede organizar los tiempos de trabajo y ocio de quienes emplea según considere conveniente.
Sancionar este fabuloso paquete de medidas en favor de los empresarios es el objetivo del gobierno. El obstáculo, la resistencia social. El problema ya se presentó con la reforma previsional, los costos políticos de sacar la ley con fórceps fueron altos. La estrategia elegida para esta ocasión debe ser otra, dado que acá se reducen las posibilidades de defender la reforma con los argumentos de la corrupción.
Llegado a este punto el gobierno parece apuntalar la persecución al activismo sindical a través de dos líneas: extorsionar a dirigentes gremiales en forma privada (¿carpetazos?, ¿amenazas de reducción de fondos?) o pública (denuncias de corrupción con Moyano como destinatario emblema) e introducir en la sociedad una mirada que rompa la solidaridad, cuestione la organización y los métodos de lucha obrera. La operación mediático-gubernamental de exaltar el carácter moyanocentrista del 21F es ejemplo de ello.
La resistencia
Tras la crisis de 2001 y con mayor fuerza desde el gobierno kirchnerista se fortalecieron las organizaciones gremiales en todos los niveles, comisiones internas, sindicatos de base y centrales. Esto se expresó entre otros puntos, en la multiplicación de la conflictividad laboral, la negociación colectiva y la afiliación.
Desde el año 2006 y con más intensidad a partir de la crisis mundial de 2008 se consolidó una suerte de división sindical del trabajo: los gremios se ocupan de la rama de actividad, la negociación colectiva de salarios a mayor nivel de agregación; y los delegados de base movilizan en sus lugares de trabajo por reivindicaciones locales. Esta división se manifiesta en la estructura de la conflictividad laboral.
Según los datos de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo (cerrada en el mes de marzo, en lo que constituye un grave apagón estadístico sobre la dinámica del mundo del trabajo), desde esos años comenzó a crecer el conflicto por establecimientos, con huelgas de menor tamaño en términos de cantidad de huelguistas, pero con una mayor duración de jornadas de paro. A este nivel cobraron prevalencia los conflictos asociados a pagos adeudados, continuidad laboral y, en forma creciente, despidos.
Fiel a la tradición de un tipo de sindicalismo corporativo-estatalista que resuelve los conflictos industriales por la vía política, gran parte de las direcciones de los gremios y la Confederación General del Trabajo, renunciaron a liderar la conflictividad obrera para descansar en una apuesta superestructural que oscila entre una posición que intenta dañar al gobierno hasta “volver”, en el mejor de los casos, y otra que repite la fórmula implementada en los años 90 y se dispone a negociar, amparada en el principio de legitimidad electoral que acompaña al presidente Macri.
En este último camino, durante el 2017 la propia oposición política pareció realizar un acuerdo tácito con el gobierno para mantener la paz social rumbo a las elecciones, bajo la idea, sincronizada con la embestida despolitizadora de las huestes durán-barbistas, de que la movilización obrera resulta contraproducente. En la misma línea, la CGT, dura en los considerandos y blanda en las resoluciones, llamó a un paro sui géneris que tuvo como principal efecto la entronización como viceministro de trabajo de Horacio Pitrau, un abogado penalista. En el campo de la lucha política, ésta fue una señal para propios y ajenos.
A contrapelo de la mirada posibilista, resulta notable que dos meses después de ganar en forma rotunda las elecciones legislativas, el gobierno haya tenido enormes dificultades para sancionar la reforma previsional, debiendo acudir a la represión y la criminalización de las protestas. Las bases de la fuerte resistencia fueron el consenso social contra el ataque a derechos adquiridos (la movilidad jubilatoria) y la unidad en la acción de quienes organizaron la resistencia.
Sobre ese sedimento se construyó el 21F para alcanzar la mentada “unidad, en defensa de los trabajadores”. Al calor de ese proceso, la gestación de una coordinadora sindical en la Capital Federal fue quizás el hecho político más relevante de la jornada. AGTSyP-Subte, ATE Capital, CTEP Capital, Sitraju CABA, UTE-CTER se unieron para combatir los despidos en tierras de Horacio Rodríguez Larreta.
A la luz de las movilizaciones unitarias realizadas por esta coordinadora a fin de enfrentar los tarifazos y los despidos en la Ciudad de Buenos Aires, ese parece ser el camino para organizar la resistencia, y en esa tarea el compromiso y la unidad de los grandes gremios se presentan como necesarios, quizás imprescindibles. Alcanzarlos requerirá de un gran esfuerzo político. A la extorsión por parte del gobierno, la tradición negociadora de algunos gremios y las apuestas al retorno nacional y popular de otros, se agregan viejos rencores y pulseadas que obstaculizan la unificación.
La ausencia en el acto del 21F fue también el modo en que los “gordos” de la CGT se cobraron el avance arrasador que tuvo camioneros sobre los gremios hermanos mientras Moyano conducía la central. Las CTAs, por su parte, están recorriendo un proceso de intento de reunificación, liderado por Hugo Yasky. Este desafío exigirá superar las viejas rencillas abiertas entre dirigentes por su posición respecto al kirchnerismo. Porque las internas sólo las entienden quienes las protagonizan, y las patronales.
Dispuesto así el tablero y en tanto las centrales sindicales se muestren fragmentadas o indolentes, sobre las comisiones internas, cuerpos de delegados, coordinadoras sindicales, confederaciones regionales del trabajo, movimientos sociales, recaerá el desafío de sostener la solidaridad, la organización y los métodos de lucha obrera.
Imagen de portada: Ricardo Carpani (Tigre, 11 de febrero de 1930 – Buenos Aires, 9 de septiembre de 1997)