Por Claudia Bacci (UBA)
Septiembre es un mes saturado de sentidos en nuestro sur americano, y en particular en Argentina, de historias, discursos e imágenes que nos hacen un llamado de atención.
El 11 de Septiembre se homenajea a quienes ejercen la docencia en el Día del Maestro –en alusión a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, educador, periodista, escritor y político, ex Presidente de la Nación a fines del siglo XIX-, y es también el mes donde los estudiantes festejan su día cada 21 junto con la llegada del equinoccio de primavera en el hemisferio.
Septiembre es también un mes de acontecimientos trágicos en esta región. Un 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado militar terminó a fuerza de balas y cañonazos con el experimento revolucionario del gobierno de la Unidad Popular en Chile y con la muerte de su Presidente Salvador Allende, en un contexto de procesos dictatoriales que se extendió por el Cono Sur hasta avanzados los años 1980.
El 16 de septiembre recordamos también los secuestros de diez jóvenes estudiantes secundarios de La Plata por parte de la policía provincial en 1976, en lo que se conoce como “La Noche de los Lápices”.
Más próximo a este presente pero en ligazón inextricable con ese pasado reciente, el 18 de septiembre de 2006 fue secuestrado Jorge Julio López, sobreviviente de la dictadura luego de pasar alrededor de cinco meses en cautiverio en diferentes centros clandestinos de la zona de La Plata (Provincia de Buenos Aires). López, uno de los testigos fundamentales del juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz[1], fue secuestrado justo el día en que se leía la sentencia que lo condenó a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entre 1976 y 1979. Hasta la fecha no se conoce el destino de López, quien fue así dos veces “desaparecido”.
Septiembre es, finalmente, el mes en el que se realizó la segunda manifestación por la desaparición del joven Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión desencadenada el 1° de agosto de este año por fuerzas de la Gendarmería Nacional en la Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut). Luego de la segunda manifestación el 1° de septiembre en distintas plazas del país, en la ciudad de Buenos Aires la Policía local realizó un operativo de desalojo violento de las inmediaciones de la Plaza de Mayo, cuando ya se había desconcentrado la gran mayoría de los asistentes, y detuvo a una veintena de personas aduciendo que habían provocado disturbios. La profusión y la violencia de imágenes de la represión al cierre del acto que transmitieron en directo los medios televisivos más importantes se contraponía a la ausencia de información acerca del destino de Maldonado.
Cuando el pasado se actualiza
A raíz de la desaparición de Maldonado, organismos de Derechos Humanos convocaron el 11 de agosto y el 1° de septiembre de este año a dos concentraciones en Plaza de Mayo –que se realizaron también en plazas cívicas de diferentes ciudades del país como Rosario, Mendoza, Chaco, Esquel, Mar del Plata, entre otras-, precedidas por una campaña pública espontánea centrada en la exhibición de la imagen del joven junto a la pregunta acerca de su paradero –“¿Dónde está?”- y el reclamo de su “Aparición con vida”. Ambas consignas, diseminadas en las redes sociales, carteles y esténciles callejeros, creció y desbordó las plazas hacia los espacios de trabajo, las salas de espera de hospitales, las funciones teatrales, y también las aulas de escuelas de los diferentes niveles del sistema educativo argentino. En todos esos espacios hubo manifestaciones individuales y colectivas que se apropiaban del reclamo y lo colocaban como asunto de preocupación pública.
En el marco de las acciones por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de septiembre, las Secretarías de Derechos Humanos de los gremios docentes CTERA, UTE y SUTEBA elaboraron y distribuyeron un cuadernillo didáctico para ser trabajado en las aulas, denominado “Escuelas por la Vida”,[2] tomando el caso de la desaparición de Maldonado como eje para tratar cuestiones como la adopción de normativas internacionales de derechos humanos en nuestra Constitución Nacional, los deberes de las fuerzas de control y represión del Estado, el derecho a la protesta, el derecho de los pueblos a reclamar tierra ancestrales, entre otras.
Esta propuesta abrió un debate acerca del lugar de este reclamo en las aulas a través de una serie de intervenciones en medios televisivos, notas periodísticas y redes sociales, bajo la consigna “#ConMisHijosNo”, con la cual padres y madres, así como funcionarios de distintos niveles de gobierno, reclamaron el cese de esas actividades escolares. En algunos casos, integrantes de fuerzas policiales y autoridades escolares presionaron y amenazaron a docentes y directivos de escuelas que permitían o desarrollaban este trabajo en las aulas, bajo la falacia de que no correspondía tratar un “caso politizado” en el ámbito educativo.
En efecto, no sabemos qué pasó con Maldonado luego de la represión de la protesta de la comunidad mapuche de Chubut. La Gendarmería Nacional realizó un operativo contra los manifestantes, entre los que se encontraba el joven, bajo órdenes de autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, respondiendo al mando político de las fuerzas de seguridad. Luego de estas acciones, Maldonado no ha sido visto por sus compañeros de la Lof ni familiares. Está desaparecido. El caso debe ser investigado por el Estado, la represión ha ocurrido bajo responsabilidad de altas autoridades nacionales. Por lo pronto, evoca analogías ominosas con las acciones desplegadas bajo el terrorismo de Estado. El reclamo de sus familiares, allegados y de la sociedad que se ha movilizado es por su aparición, con vida, y por saber quiénes serían los responsables de que no sepamos dónde está.
Los programas de los diferentes niveles educativos desarrollan actividades, en ocasiones en articulación con organizaciones de la sociedad civil como sindicatos y con asociaciones de derechos humanos, donde abordan temas del pasado reciente argentino como las desapariciones forzadas, estableciendo relaciones con el presente y el contexto en que las y los estudiantes viven. Por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, a raíz de la desaparición de Julio López ocurrida en 2006, y como parte del Programa Jóvenes y Memoria, preparó en 2008 un Dossier “Nosotros por López: A dos años de la desaparición de Jorge Julio López seguimos reclamando”. El Dossier contaba con materiales y actividades para trabajar en las aulas la noción de “desaparición forzada”, articulando “las implicancias para una sociedad democrática, tanto de la desaparición como de la falta de esclarecimiento y las formas de reclamo hacia el Estado”, e invitaba a “reflexionar sobre las formas de gobierno democráticas, los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, y enmarcar la exigencia de su esclarecimiento en los protocolos internacionales que se han establecido como deberes del Estado luego de cometido un crimen de estas características.”[3]
El Estado argentino ha firmado y se ha comprometido con el cumplimiento de diversas normas internacionales para la protección de las víctimas, la reparación del daño y sobre todo la prevención de diferentes formas de la violencia institucional y estatal, entre las cuales se encuentra la denominada “desaparición forzada de personas”, definida por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (firmada por nuestro país en 2007), así como por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (ratificada por Argentina en 1996 con rango constitucional). En la configuración de ese crimen como un eje importante del derecho internacional de los Derechos Humanos, nuestro país ha sido uno de sus impulsores más consecuentes desde el retorno de la democracia en 1983.
Una de las herramientas promovidas por este marco legal internacional es la de la prevención a través de la educación desde una perspectiva que reconozca la importancia de la acción estatal y social para prevenir y reparar el sufrimiento provocado a las personas y a las sociedades luego de crímenes cometidos por el Estado o con anuencia de éste por sus agentes, tales como las desapariciones forzadas, la tortura, la negación a las víctimas y familiares de acceso a la Justicia, los crímenes sexuales cometidos en el marco de procesos de violencia estatal y política de carácter sistemático, entre otros.
Si es dable dudar de que conocer la historia nos permita aprender para no repetir los horrores del pasado, creemos sin embargo que sí puede propiciar entre los y las jóvenes valores generales -abstractos pero singulares a la vez- de respeto a la humanidad de nuestros “otros”, reconocerlos como iguales en dignidad y derechos, así como también mostrarnos aquellos ejemplos históricos de lucha por la verdad, haciéndonos ver que aun en condiciones muy adversas es posible hacer algo ante la injusticia.
Aparición con vida
En su reciente libro, La lucha por el pasado: Cómo construimos la memoria social (2017), Elizabeth Jelin evoca algunos momentos fundantes del movimiento por los derechos humanos ligado al reclamo por los crímenes cometidos durante la dictadura. Uno de ellos es el referido a las discusiones en torno a la adopción de la consigna “Aparición con vida” para reclamar por las personas que habían sido secuestradas por fuerzas militares y policiales y cuyo destino se desconocía. Como señala Jelin, en medio de la total incertidumbre y el terror extendido, esa consigna anudaba la búsqueda de justicia con la búsqueda de verdad, colocando a ambas instancias como mojones de ese periodo de vuelta de la democracia así como de la lucha por los derechos humanos hasta el presente. “Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos” es también una de las consignas ante la desaparición de Maldonado, irreductible a la marcha de una investigación que parece querer olvidar estos vínculos entre el pasado y el presente.
Esta consigna, dejada de lado a la luz del inexorable alcance del terrorismo estatal, es actualizada bajo otras formas de violencia institucional o social, donde la inacción o la complicidad de la justicia y las policías locales postergan la búsqueda de jóvenes de barrios populares que “desaparecen” tras una intervención policial a la salida de un boliche bailable o de la esquina donde pasan el tiempo. Las desapariciones forzadas no son apenas definiciones de diccionario legal o un tema histórico de un pasado que se aleja más y más. Niños y niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios populares conviven con este fenómeno a diario, como parte de las prácticas sostenidas por las fuerzas policiales regulares.[4] En estos casos, a diferencia de lo ocurrido bajo el terrorismo de Estado, la desaparición es el último eslabón de una serie de violencias previas a través de las cuales se pretende doblegar la autonomía de vida de estas/estos jóvenes. También a diferencia de la desaparición de Maldonado, estas desapariciones a cuenta gotas no se articulan de manera visible a “cuestiones políticas”, aunque su carácter político parece indudable.
El carácter de estas injusticias y daños será diferente en muchos aspectos y según cada coyuntura, pero los ejemplos de tantas y tantos en el pasado ofrecen modos de resistir las violencias de los poderosos -de poderes y dominaciones históricas y de los circunstanciales-, y luchar por esos derechos para todos y todas nosotras. Porque los derechos tienen ese reclamo en el orillo, ser universales pese a que siempre alguien falta en esta cuenta de quiénes somos las/los sujetos del derecho. El trabajo dentro del aula, la pregunta acerca de la importancia de la enseñanza desde una perspectiva comprometida con los derechos humanos se vuelve así urgente, y más allá de los contextos, es una tarea continua.
Así, si bien es lícito revisar como docentes –en mi caso del nivel de grado universitario-, qué cuestiones llevamos a las aulas y de qué modo lo hacemos, es parte de nuestra responsabilidad docente transmitir a los/las estudiantes de todos los niveles, no solo una serie de conocimientos concretos, unos saberes específicos y disciplinarios, sino también los valores que nuestra sociedad considera propician el bien común y la buena vida colectiva, que aseguran el respeto y la dignidad de todas y todos, y que constituyen además las bases éticas de cualquier saber así como de sus usos sociales. Esos valores están contenidos en las normas que regulan y propician la vida común, y también en las historias ejemplares de las luchas por la justicia y la verdad en el pasado.
Como parte de esas preguntas y cuestiones, y en el marco de mi tarea docente en el grado en torno a temas de género y derechos humanos, también considero que es necesario escuchar qué es aquello que inquieta a las/los propias estudiantes, cómo organizan su presente, qué cuestiones los movilizan y conmueven. Quizás esto no es posible en cualquier clase o en todos los niveles educativos del mismo modo, sin embargo creo que el presente nos interpela igualmente, se trate de una clase de filosofía, de literatura, de matemáticas o de gimnasia.[5]
Por otro lado, las normativas educativas como la Ley Nacional de Educación integran las cuestiones presentes y de la vida cotidiana en el trabajo del aula con los contenidos curriculares establecidos. En los niveles primario y secundario, se abordan las secciones de noticias de los medios de comunicación para comprender cómo se argumenta acerca temas históricos, se discuten obras literarias contemporáneas, se aprenden conceptos de la política y procedimientos electivos democráticos, se estudian algunos de los efectos en las transformaciones medioambientales de desarrollos como la minería a cielo abierto o la explotación de monocultivos, la historia del despojo de las comunidades indígenas desde la Colonia hasta el presente. ¿Qué hay entonces de impropio en que las/los docentes aborden las normativas internacionales y nacionales sobre los derechos de niñas/niños, adolescentes y jóvenes a partir de un caso actual? ¿Por qué resultaría escandaloso que los docentes preparen materiales didácticos para explicar y trabajar los alcances e implicancias profundas en la vida social de esas dos palabras -“desaparición forzada”- y su relación con los reclamos por conocer el destino de Santiago Maldonado? ¿Por qué no tratar a partir de allí el reclamo actual de las comunidades mapuches ante el estado nacional por el acceso a sus territorios y en denuncia de las políticas de extranjerización de tierras? Esas son cuestiones políticas, sí, y deben poder ser pensadas en las aulas de acuerdo a las condiciones pedagógicas específicas.
La escuela establece necesariamente diálogos con estas violencias que la exceden y la rodean, no sin tensiones y crujidos en su estructura y sus funciones. La escuela tampoco sabe muy bien qué hacer cuando esas violencias se dirigen a su propia estructura, como ocurrió cuando en algunos establecimientos se presentó personal policial a increpar docentes a pedido de padres indignados por las clases alusivas a Maldonado. ¿Qué derechos asisten a quienes integran la institución escolar –docentes, estudiantes- ante estas arbitrariedades?
La cuestión acerca de quiénes y cómo pueden intervenir en/desde el aula, qué significa “discutir” allí sobre problemas o cuestiones del presente y su relación con el pasado, y sobre todo qué “lenguaje” habilitaría a hacerlo sin perder su potencia ética (es decir, su peso político), son cuestiones urgentes. El aula, al decir de Marisa Belausteguigoitia cuando se refiere a la apertura de la escena pedagógica en contextos de encierro, puede inclinarse, hacerse frontera y dejarse contagiar por las voces y las imágenes que circulan a su alrededor, indisciplinarse para hacer visible la otredad que anida en el corazón del discurso disciplinario.[6]
Contagiar el deseo de verdad, la pasión de pensar y comprometerse con el presente es nuestra responsabilidad como docentes si es que esperamos que las y los estudiantes adquieran herramientas para ese futuro que se presenta opaco pero que llega inexorable. Son ellas y ellos quienes plantean sus propias preguntas y temores ante contextos de incertidumbre como los que supone la desaparición de un joven que se solidarizó con una manifestación en Chubut. Hay llamados a “hacer algo” frente a eso, manifestarse en la calle, discutir en el aula, etc. Esas “formas de hacer algo ante la violencia” en estos diferentes casos solo tienen en común quizás el desasosiego que pide contención, lo cual no es menor.
No sabemos qué saberes específicos serán necesarios para la vida cotidiana o el trabajo del futuro, ese que se anuncia, por ejemplo, en las pantallas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que justificaría la nueva reforma de los planes de estudios de nivel secundario realizada de manera inconsulta por las autoridades educativas locales y que ha generado la reacción de las organizaciones estudiantiles, padres y las gremiales docentes con la toma de más de veinte escuelas públicas de la ciudad. Solo sabemos que nuestras estudiantes necesitarán poder reflexionar sobre lo que acontece y comprender lo que significa el compromiso con aquellos valores que continuamos considerando preciosos para todas y todos: la libertad, la igualdad, la solidaridad.
[1] Etchecolatz fue condenado en seis causas por delitos de lesa humanidad, entre otras por su responsabilidad en el operativo de la Noche de los Lápices. Actualmente cumple reclusión perpetua con prisión rigurosa. Cfr.: http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2017/01/LH_Dossier_2016.pdf
[2] Cfr.: http://ute.org.ar/material-didactico-para-la-campana-por-santiago-maldonado0/
[3] URL: http://www.comisionporlamemoria.org/dossiers/dossierlopez[1].pdf
[4] Cfr.: “Hostigados: violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares”, CELS, 2016. URL: http://www.cels.org.ar/hostigados.pdf
[5] En el marco del curso sobre “Violencia, sexismo y derechos humanos”, donde abordamos la violencia contra las mujeres, algunas estudiantes se preguntaban por la incorporación de la defensa personal a las prácticas deportivas escolares, preocupadas por la idea estereotipada de que las mujeres no podemos defendernos de un ataque o de relaciones violentas. Aunque la desaparición de adolescentes a la que asistimos guarda relación con fenómenos intrincados como las redes de trata para explotación sexual, pero también con las dificultades de la institución familiar y escolar para lidiar con el deseo de autonomía sexual adolescente, una parte importante de estas desapariciones ocurre bajo complicidad policial o al menos su indiferencia ante los pedidos de búsqueda. En este sentido, el Estado es responsable por estas vidas, sobre estas cuestiones es necesario también investigar desde las ciencias sociales.
[6] Marisa Belausteguigoitia, “La academia resituada: la escena pedagógica en los bordes de lo político”, LASA 2017 / XXXV International Congress of the Latin American Studies Association, Lima/Perú, 29 de abril al 1° de mayo de 2017.