Por María Andrea Cuéllar Camarena (UDG/UBA)
“De nuestro dolor nació nuestra rabia, de la rabia nuestra rebeldía y de la rebeldía nacerá la libertad de los pueblos del mundo. Porque el corazón de nuestra madre tierra vive en el espíritu de nuestros pueblos.”
CIG[1]
El pasado octubre de 2016, el Concejo Indígena de Gobierno en México anunció la postulación de María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) para las próximas elecciones presidenciales a celebrar en julio del presente año. El CNI es el espacio de organización, representación y toma de decisiones de los pueblos, naciones y tribus originarias de México. En palabras de quien es mejor conocida como “Marichuy”: “Se llama a los pueblos indígenas y a la sociedad civil a organizarse para detener la destrucción, a fortalecer las resistencias y rebeldías. La lucha es por la defensa de la vida”.
Es sabido, que a partir de los años ochenta se impuso la idea de que la libertad de comercio era la única vía para el desarrollo. No obstante, no había, no hay hasta la fecha, ejemplo histórico de ningún país que se haya desarrollado mediante un sistema de libre comercio. Así, en 1986 México se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), cuyos países miembros posteriormente fundaron la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con esto, México inició el proceso de reducción de las barreras arancelarias, que a la fecha constituye uno de los principios elementales de las políticas económicas de este país.
En esa misma línea, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, en los noventas se procedió al desmantelamiento de las políticas proteccionistas y tuvo lugar una de las más importantes reformas agrarias, con lo cual se observó una nueva distribución del poder. La enmienda al artículo 27 constitucional, canceló legalmente el reparto de tierras para la comunidad campesina, el cual constituyó uno de los principales logros de la Revolución Mexicana. El conflicto armado estallado el 20 de noviembre de 1910, fue producto de la reivindicación comunitaria -acompañada por Emiliano Zapata- contra la aplicación injusta de las “Leyes de Reforma” (expedidas con el objetivo de quitarle a la Iglesia sus propiedades) y la dictadura porfirista. Históricamente se ha puesto en evidencia que la lucha por la tenencia de la tierra es indisociable del poder que ésta otorga, y la importancia que tiene el tema de la regulación de la propiedad por parte del Estado es indiscutible.
El 1º de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que instituye la apertura económica de fronteras con EEUU y Canadá; al cual le siguió el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Ese mismo día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) intentó ocupar siete cabeceras municipales en el estado de Chiapas, pues inmediatamente sus integrantes fueron reprimidos militarmente. Así, en menos de un mes el gobierno mexicano retomó el control del territorio. Posterior a esto, el EZLN realizó un recorrido por todo el país, hasta llegar a la hoy denominada Ciudad de México. Por primera vez en la historia, se escuchó la voz de una mujer indígena en el zócalo capitalino diciendo “Llegamos hasta aquí a gritar, junto con todos, los ya no, que nunca más un México sin nosotros” (Comandanta Ramona).
En tanto las condiciones económicas y políticas tuvieron incidencia en la definición de la legislación y las políticas públicas, los grupos sociales y políticos que se consideraron excluidos de ese proyecto, dieron muestra de su inconformidad. Por tal motivo, el EZLN reclamó “la defensa de derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos”. Éste hito colocó en la escena pública a las comunidades originarias, como agentes que por medio de una movilización armada se inscribieron en el repertorio de confrontación que exigía una democracia efectiva y participativa. Como contraparte, se desplegaron estrategias militares que consistieron en operativos “contraguerrilleros”. Al efecto es importante mencionar que si bien ya existían divisiones sociales previas (mestizos e indígenas, católicos y evangélicos, partidos políticos diversos), en las comunidades de la Selva Lacandona se desataron disputas entre las distintas fuerzas zapatistas, priístas y cardenistas. La “Matanza de Acteal”, en la que cuarenta y cinco personas fueron asesinadas mientras oraban en una iglesia del municipio de Chenalhó, sigue impune hasta la fecha.
Luego, en 1996 y tras un largo proceso de diálogo entre el gobierno mexicano, organismos de Derechos Humanos, el obispo Samuel Ruiz y el EZLN, se celebró el Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad. Los mejor conocidos como Acuerdos de San Andrés Sakamch´en o San Andrés Larrainzar, son el resultado de las cuatro mesas de negociación en las que acompañaron asesores expertos en las materias de derechos y cultura, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, y derechos de las mujeres. El conjunto de compromisos y propuestas conjuntas se enviaron al poder legislativo para que fueran materializados en reformas a la Carta Magna mexicana y en una correspondiente ley reglamentaria.
Como antecedente a esta enmienda constitucional debe tenerse la adhesión de México en 1992 al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece los términos específicos sobre la prevención de la discriminación, el reconocimiento a los pueblos indígenas dentro del marco de los Estados en que viven, el respeto a sus exigencias con relación al control de sus propias instituciones y formas de vida, su desarrollo económico; así como la necesidad de mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.
En el año 2000, por primera vez en la era moderna de México resultó derrotado el Partido Revolucionario Institucional en una elección presidencial, después de haber gobernado por más de 70 años. Esto marcó una nueva etapa en el sistema político, al consolidarse la oposición al partido hegemónico e integrarse la sociedad civil a la vida electoral. La presencia y el papel de nuevos actores en las demandas de derechos humanos relacionadas con el funcionamiento de las instituciones jurídicas y la vigencia del Estado de derecho fue fundamental. Precisamente uno de los reclamos del EZLN y el CNI era y es, el de un sistema electoral que ofrezca condiciones de igualdad para acceder a las candidaturas así como a los puestos de elección popular.
Después de varios años, en 2001 se publicó la reforma constitucional en materia indígena, que establece la composición pluricultural de la Nación (no plurinacional, como es el caso de Bolivia). La enmienda incluye el principio de autoidentificación de las comunidades indígenas y los elementos para su definición; puntos indispensables en la conquista por el respeto a la libertad en la diversidad. Asimismo, se declara la educación indígena bilingüe e intercultural, como parte de la promoción de la igualdad de oportunidades y la elevación de las condiciones de vida de estos pueblos y comunidades.
La reforma constitucional sistematiza las bases de una política de participación con los pueblos indígenas y la obligación constitucional de establecer partidas especiales para su cumplimiento, sin embargo deja pendiente una de las cuestiones principales: el tema del territorio. Además que hace una excepción –nada ingenua- con relación al acceso a los recursos naturales, cuando estos incluyan “áreas estratégicas”. Por ello, el EZLN marchó a la capital y en sesión especial del Congreso de la Unión, la comandanta Esther subió encapuchada a la tribuna del Palacio Legislativo y en un hecho sin precedentes, la voz de los pueblos indígenas hicieron eco en aquel recinto irrumpiendo así el discurso público.
Es importante entender que la identidad colectiva y relacional de los pueblos indígenas, es inescindible de su vínculo con la tierra. No únicamente porque su cosmovisión holística es totalmente opuesta al principio dualista cartesiano, desde el cual se instituyó la ciencia y la tecnología modernas, que ven a la persona humana separada de la naturaleza. Sino porque además, los diversos pueblos originarios estuvieron en México mucho antes de la colonización y de la constitución del Estado-Nación. La lucha por la emancipación lleva más de 500 años, desde el momento fundante de este sistema mundo moderno occidentalocéntrico.
Por eso es que en el año de 2006, el CNI -constituido diez años antes como un espacio abierto para la reflexión y la solidaridad-, suscribió la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En ella, proclamó ejercer hasta sus últimas consecuencias la autonomía en los hechos y la resistencia indígena, contra esta guerra de exterminio que es el neoliberalismo. Sus exigencias se expresan en el reconocimiento y garantía de sus propias formas de gobierno, seguridad y justicia; la promoción del trabajo colectivo; la defensa de la agricultura y los cultivos tradicionales, la soberanía alimentaria y la medicina tradicional; así como el respeto a sus formas de educación y comunicación.
El despojo que sufren los pueblos indígenas a sus tierras y propiedades se ha vuelto cada vez más violento, como consecuencia de la globalización y del proceso de recomposición neocolonial. En México, las llamadas “Reformas Estructurales” implementadas por el actual gobierno, dan continuación al proyecto consolidado en los noventas, que entre otras cosas dio paso al desarrollo de los grandes proyectos extractivos (mineros y petroleros especialmente). Las pugnas por el control de los recursos estratégicos, han traído consigo innumerables manifestaciones de organizaciones populares y campesinas, por la defensa de la propiedad colectiva de la tierra; así como el reclamo de las comunidades indígenas, por la reivindicación de sus derechos de autodeterminación y previa consulta.
A tal efecto, en la sesión de octubre de 2016, el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) aprobó la propuesta de postular una persona como vocera para las próximas elecciones presidenciales. Esa persona es María de Jesús Patricio Martínez. “Marichuy” es una indígena nahua de Jalisco, médica tradicional. Los representantes de 58 pueblos indígenas que conforman el CIG, la eligieron por ser guardiana de la sabiduría de su cultura, del cuidado de su familia y de su pueblo, “como dadora de la vida y de nuestra madre naturaleza”. Además, porque con la empatía que caracteriza su cosmovisión, advierten que es ella la que ha vivido en carne propia la violencia y el abuso hacia su cuerpo y su sexualidad, consecuencia del sistema moderno capitalista patriarcal.
Los principios que fueron instituidos de forma horizontal en las asambleas del CNI, y por los que se rige su vocera son: servir y no servirse, construir y no destruir, representar y no suplantar, convencer y no vencer, obedecer y no mandar, bajar y no subir, proponer y no imponer. Así, a través de una forma de “poder comunal”, Marichuy busca que las demandas de los pueblos indígenas por el respeto a sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales, tengan reconocimiento constitucional.
Ahora, a efecto de poder registrarse como candidata independiente a la presidencia, Marichuy tenía (hasta el 19 de febrero pasado) que –como cualquier ciudadana o ciudadano que así lo deseara- recolectar más de 800 mil firmas, en las que además estuvieran incluidas personas de diecisiete estados de la República Mexicana que no son los de mayor población indígena. Sin embargo, como obra en el Dictamen aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el 23 de marzo de 2018, la vocera del CIG no alcanzó el umbral y la distribución geográfica mínima de los apoyos.
Si bien el órgano electoral estableció mecanismos que permitieran maximizar y equilibrar la participación de las y los ciudadanos con residencia en municipios donde existe “desventaja material para ejercer el derecho al voto”, lo cierto es que el uso de métodos y tecnologías que no son aplicables donde no existe conectividad a internet, dejó nuevamente excluidas a las zonas rurales; en otras palabras, dificultó el relevamiento de las voces que han sido históricamente acalladas e invisibilizadas en el espacio público. Así, la postulación de Marichuy deja ver las limitaciones de la actual legislación electoral para desequilibrar el poder de las elites partidarias, que siguen detentando el control del sistema acompañadas por los grandes medios de comunicación (televisivos y prensa).
Todo esto pone sobre la mesa la urgente necesidad de una profunda reconfiguración del Estado, un nuevo pacto social en el que se respete la autonomía de los pueblos indígenas. Si de verdad se plantea construir una relación que rompa la lógica de la dominación, toda acción, programa o proyecto de desarrollo que el gobierno impulse, debe garantizar la participación activa de estos sujetos colectivos. Lo anterior implica la libre determinación y autonomía, el respeto a la pluralidad y diversidad, así como la integralidad y sustentabilidad del medio ambiente y los recursos de estas comunidades.
La historización con relación a la demanda de los derechos de los pueblos indígenas en México pone de manifiesto que en ninguna sociedad existe un código universal indiscutible, y cómo la lucha social está marcada por enfrentamientos entre distintos actores que se disputan el derecho a usar la fuerza. Y por esto, la normatividad que proviene del Estado y que rige la vida de la gente en una sociedad no es inamovible, sino producto de luchas y conflictos. Es la lucha por definir quién impone las reglas que deben regir la convivencia social.
El reconocimiento a la autonomía de los pueblos tiene distintas vertientes, supone el respeto del territorio y los recursos naturales, la organización política, la lengua y la educación. Ésta última resulta sustancial, pues como sabemos constituye el principal vehículo por el cual se transmite la cultura de una generación a otra, pero también por el cual se sustituye una por otra. Por ello es que, la inclusión de los grupos culturalmente diferenciados y los reclamos por la autonomía de aquellas colectividades históricamente excluidas y marginadas del país formal, constituyen el centro de la crítica a la concepción occidentalista e individualista –liberal- de los derechos humanos.
La contradicción que se da en la democracia liberal capitalista radica precisamente entre los procesos de expansión de la ciudadanía en el plano político (pueblos indígenas, mujeres, diversidad sexual y otras), y el proceso de reproducción de las desigualdades cuantitativas en el plano socio-económico. La precariedad de la que habla Bourdieu, y que luego retomó Butler, consiste en poner el foco en esas dimensiones estructurales que garantizan que las exclusiones sean más y más fuertes. He ahí el desafío que se nos presenta como ciudadanas y ciudadanos del mundo, como agentes políticos.
Por eso “Marichuy” dice que “ha llegado el tiempo de los pueblos, de hacer vibrar éste país con el latir del corazón de nuestra madre tierra”. Y en esa línea la lucha que abandera es abajo, a la izquierda y anticapitalista, para desestabilizar todo este sistema colonial y patriarcal. De ahí que la representante sea una mujer indígena que hable la lengua, porque sabe luchar junto con otras y otros por el miedo a morir la muerte del olvido, porque sabe escuchar las palabras y los corazones, porque sabe tejer unidad con amor, valentía y decisión. Ella será quién lleve con dignidad la voz de los pueblos y de la sociedad civil; será, nosotras y nosotros. Por el reconocimiento a la diversidad cultural, ¡por un mundo donde quepan muchos mundos!
[1] https://www.congresonacionalindigena.org