Crisis en América Latina
¿Una Operación Cóndor 2.0?

Por Rodrigo Karmy Bolton (Universidad de Chile)

O sobre la “israelización” de la política latinoamericana

1. Israelización

El triunfo de las derechas en América Latina ha renovado tácitamente a la “Operación Cóndor”. Hoy día, dicha operación no tiene necesidad de articularse desde alguna dictadura, sino que basta con la conformación oligárquica de las democracias en lo que tienen de penetración evangélica local, de influencia de EEUU a nivel regional y de Israel a nivel global para actualizar un conjunto de operaciones policiales de tipo continental que reactiva lo que fue en su momento el dispositivo eclesiástico de la Inquisición y, siglos mas tarde, la Escuela de las Américas.

La doctrina del “enemigo interno” aceitada inicialmente por la Inquisición contra pueblos completos que permitía el asedio a pueblos alejados del poder eclesiástico sobre los que se declaraba en excepción y se capturaba no a un “hereje” para quemarlo o encarcelarlo, sino al conjunto de relaciones que mantenía, se actualiza de otra forma en la Escuela de las Américas implementada por los EEUU que siguió el modelo importado por la Legión Extranjera que Francia usaba en el proceder sobre sus colonias (Argelia, entre otras).

En este circuito, advertimos que el montaje de la “Operación Cóndor” durante las dictaduras latinoamericanas fue un montaje de tecnología colonial no usada contra otros pueblos, sino contra el propio pueblo como si fuera “otro”: el “comunista” (que hoy muta en el “anarquista”). En la actualidad no existen las perversas dictaduras que den lugar a dicha “Operación”, pero quizás, porque ya no son necesarias y porque un dispositivo similar a la “Operación Cóndor” puede funcionar eficazmente en y como dispositivo democrático.

A través de los EEUU y de sus alianzas con las derechas latinoamericanas, Israel ha proveído de dos elemento cruciales a los gobiernos latinoamericanos: en primer lugar, dispositivos de seguridad altamente tecnológicos (ciberseguridad, dispositivos de disuasión como las bombas lacrimógenas) conjuntamente con el entrenamiento a ejércitos y policías; en segundo lugar, respaldo ideológico a los grupos evangélicos a nivel continental y lobby permanente para implementar leyes contra la  “incitación al odio” e influenciar así a los poderes nacionales para inmunizar internacionalmente a Israel de toda acusación posible contra sus crímenes contra el pueblo palestino. Porque demás está decir que toda esa tecnología se ha desarrollado al interior de un explicito programa de colonización sobre el territorio palestino desde 1948 –la denominada nakba. En este sentido, cuando Edward Said escribió La Cuestión Palestina en 1979 denunciaba cómo, después de 1967, los países árabes habían comenzado a experimentar la “israelización” de su política. Probablemente hoy día estemos en presencia de una “israelización” del continente latinoamericano que tiene a los grupos evangélicos, y a los dispositivos múltiples de seguridad, como su pivote fundamental.

La razón neoliberal ha horadado cualquier posible forma de democracia que neoliberalismo y democracia operan hoy día en base a una disyunción irreductible. El despliegue de esta nueva “Operación Cóndor” aceitada por el proceso de israelización, opera a través del poder judicial, las elecciones o los medios de comunicación o, si las cosas se ponen demasiado malas, desde los propios ejércitos con el derrocamiento de un gobierno democrático –como acaba de ocurrir en Bolivia.

La “Operación Cóndor 2.0” designa dos niveles enteramente imbricados: uno capilar en el que opera la aplicación sistémica de una política de seguridad orientada a replegar a la potencia popular y otro geopolítico, orientado a impedir, entre otras cosas, que los diferentes gobiernos –sobre todo aquellos denominados “progresistas”- abran un circuito del capital alternativo al pasadizo del control norteamericano.

Para los EEUU no se trata de impedir la penetración del capital chino en el continente, sino de el imperativo que éste se ajuste al control del dólar como divisa mundial y que, por tanto el yuen chino carezca de la autonomía suficiente para desafiar la “hegemonía financiera” de los EEUU. Una articulación continental de los dispositivos de seguridad (el fascismo neoliberal) y, sobre todo, de las policías en orden a hacer retroceder a toda la asonada popular y a cualquier gobierno que amenace a EEUU de su control sobre los flujos del capital mundial. Dicho con el Carl Schmitt del nómos de la tierra: hoy asistimos a la lucha global por la apropiación de los grandes espacios de flujo del capital.

2. Wallmapu

EEUU reserva las intervenciones armadas para los países árabes y los golpes de Estado para América Latina: en la actualidad, el coloso del norte no motiva necesariamente a sus militares para hacer “feos” golpes de Estado mientras exportan la democracia, sino que impulsa a las oligarquías en el poder a la cruda operación de contención del avance popular. Para eso, reafirma a los ejércitos, consolida planes anti-drogas y militariza con modalidades varias de excepción al ejército y policía sobre la vida social para que sus reivindicaciones retrocedan y el capital, en su nueva fase neoliberal, opere no sólo a nivel expansivo, sino también intensivo: no sólo conquistando territorios, sino también, superficie de cuerpos que comúnmente llamamos sensibilidad. Se trata de un proyecto en que el “ajuste estructural”, la decisión política de aplicarlo y su inmanencia microsubjetiva juegan de consuno.

El dispositivo micro-subjetivo orientado a la producción de cuerpos “empresas”, separa a los cuerpos de su potencia y les dociliza. Pero, en este periplo, se han combinado dos tácticas pertenecientes a la misma racionalidad: en los años 90, ésta asumió la forma “biopolítica” como prevalente, en el sentido que orientaba toda su fuerza a “desarrollar” y “promover” la vida de la población; y si bien, siempre la “necropolítica” –aquella forma de poder orientada a matar- estuvo presente, operaba medianamente invisible a través de la producción de pobres y la criminalización de sus poblaciones.

En la actualidad la razón neoliberal ha terminado por hacer coincidir casi sin fisuras las dos tácticas, el biopoder que desarrolla la vida al precio del necropoder que la aniquila. Foucault supo bien que el racismo estaba hecho de esta mortal coincidencia. El doblez entre biopoder y necropoder no tiene domicilio ideológico simple: desde el progresismo prevalente en Chile hasta el conservadurismo igualmente neoliberal comparten el doblez inmanente a la racionalidad del dispositivo.

Así lo atestigua la ominosa presencia de Wallmapu donde, sea durante gobiernos progresistas o conservadores, el conflicto de vida y muerte, se ha desplegado a partir de gradaciones excepcionales de baja o alta intensidad. La combinación del “envés” entre biopoder y necropoder hoy se ha vuelto permanente: todos dicen defender la vida en el instante en que hacen lo posible para aniquilarla. En este sentido, la renovación de la “Operación Cóndor” no sólo funciona desde “arriba” mirando a la presa para abalanzarse contra ella, sino también, desde “abajo” articulando formas de capilaridad o de producción micro-subjetiva en la que el poder disputa su inmersión silenciosa en la vida social ensayando modos de separación de los cuerpos respecto de su potencia, de la vida de su médium sensible.

La doble racionalidad del poder sitúa el trabajo de la policía en la actualidad. Ella es el verdadero poder fáctico de la “Operación Cóndor 2.0” que recorre América Latina en general y a Chile en particular. Una policía militarizada que jamás fue renovada después de la dictadura y que hoy se ha lanzado al cacerío del pueblo que protesta en las calles de Chile. La policía  chilena no está desatada por nada, sino porque un gobierno les ha promovido y dejado hacer. Les ha ofrecido impunidad -hace ya demasiado tiempo- y respaldo institucional, en orden a poner en curso una técnica de gobierno muy precisa: el castigo público a los sublevados debe marcarse. Ha de hacerse de manera diseminada, local y sobre todo actuar en las periferias (justamente donde reside el sujeto popular que se ha levantado) para montar –en conjunto con los diversos medios de comunicación dominantes- la idea de que todo su actuar es “anómalo” de que su acción ha sido  una “excepción” y que, por tanto, no existe ninguna racionalidad interna a Carabineros que permita desplegar la vergonzosa actuación que contemplamos sobre nuestro pueblo.

El simulacro, articulado por el gobierno, los medios y las instituciones policiales, anudadas en este “segundo tiempo de la política” abierto por el famoso “Acuerdo”, ofrece una atmósfera de “normalidad”: una bala asestada contra una estudiante, balas disparadas contra gente de un cabildo celebrado en Recoleta, allanamientos permanentes a casas y poblaciones de la periferia de Santiago y regiones o bien, los cientos de heridos en los ojos por causa de disparos de balines por parte de la policía.

Amnistía Internacional por intermedio de su representante para América Latina, Erika Guevara ha señalado: “(…) las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”[1]. No obstante, desde el gobierno y los medios de comunicación, los hechos acreditados no remitirían a una “racionalidad” que permitiera decir que sus actos asumen el carácter de “sistemáticos”, sino que, en la atmósfera del simulacro cursado, todo parecería “anómalo” y producto del mal desempeño de un determinado policía que, con chapa pornográfica (Super Dick, etc.), se le ocurrió atentar contra el “protocolo” institucional estipulado. Sin embargo, de tantas “excepciones” que acontecen, se produce la “regla”: antes que tanta “excepción” o “anomalía”, lo que está en juego aquí es, mas bien, el desarrollo silencioso de una guerra civil capilar al interior de la sociedad que activa la “Operación Cóndor 2.0” para la nueva fase de intensificación neoliberal.

La técnica policial ejercida no orienta sus esfuerzos a “solucionar” un conflicto, sino a agrandarlo, profundizarlo, desgarrarlo internamente. Se trata de producir el conflicto, agudizarlo antes que detenerlo. Las violaciones sistemáticas a DDHH (porque en este país, al parecer, incluso hemos llegado a tener que subrayar el carácter “sistemático” de las atrocidades ejecutadas dado que ni siquiera el INDH lo ha hecho aún con contundencia) que se han llevado a cabo por parte de fuerzas militares y policiales, mantienen el estado de excepción de facto, pero diversificado a contextos locales muy precisos para mostrar que no estamos en un Estado de Excepción Constitucional.

El actuar de la policía muestra el fin del Estado de Excepción Constitucional, pero la continuidad del estado de excepción capilar orientado a confiscar la vida sensible. En este contexto, la demanda a que Piñera controle a la policía resulta insuficiente sino denunciamos la técnica gubernamental de implementar la guerra civil capilar por parte de las autoridades de gobierno consistente en incentivar a la policía intervenir autónomamente contra las capas populares y los estudiantes profundizando así un ejercicio excepcionalista del poder amparado en el registro de lo “normal” y que, cada día, va más allá de lo imaginable. Las recientes declaraciones de Lorena Recabarren, subsecretaria de DDHH acusando los informes de Amnistía de prescindir de la información del gobierno, exponen el simulacro de “normalidad” de manera obscena[2].

En la última semana tres anuncios confirman la apuesta gubernamental por el status quo stasiológico: en primer lugar, las declaraciones de la Ministra de Educación Marcela Cubillos quien retoma un proyecto que había sido anunciado antes de la revuelta y que sanciona el “adoctrinamiento” en la escuelas públicas; en segundo lugar, el anuncio, vertido de un singular lapsus linguae por parte del Presidente de la República quien dijo que esta es una medida “contra la democracia” para rápidamente disculparse y rectificar que es una medida “contra la violencia”, según el cual, el gobierno prepara un proyecto de ley para modificar el artículo 101 de la Constitución política en orden a posibilitar que éstas puedan ser requeridas en caso de seguridad de la “infraestructura crítica” del país. ¿Qué significa “adoctrinar” y qué significa “infraestructura crítica” sino términos sujetos al arbitrio de una decisión que se ejercerá en cada caso y de manera diferenciada para propiciar la separación de las superficies respecto de los cuerpos, al médium sensible de las vidas?

De manera silenciosa, una medida tras otra, una propuesta en otra, van configurando la dimensión necropolítica de la gubernamentalidad neoliberal contemporánea cuya orientación se dirige especialmente a quebrar la alianza tácita entre capas medias y populares, de separar a los trabajadores de sí mismos y entregarlos sacrificialmente al fascismo neoliberal en el esplendor de su goce. De manera silenciosa, la excepción se torna permanente y la guerra civil capilar su paradigma de gobierno. Sólo la inoculación stasiológica configuran la “israelización” de la política en América Latina: a días del derrocamiento militar de Evo Morales, Bolivia llama a un “acuerdo de Paz”, a pocas semanas del estallido social en Colombia, el gobierno de Duque llama a un “acuerdo de Paz” y en Chile ese “acuerdo de Paz” parece seguir su periplo: se trata de una “pacificación” generalizada que aplica a la guerra civil capilar como técnica de gobierno al producir crudas batallas por la separación entre cuerpos y superficies.

En este sentido, toda América Latina ingresa en el tornado de la “pacificación” de los “indios” que se han sublevado e inseminar políticas neoliberales más agresivas, siempre acompañadas de dispositivos de securitización cuya “regulación” de la vida social elige vidas preferentemente pobres para condenar y matar. Una Operación Cóndor 2.0 destinada a hacer retroceder al tiempo de revueltas y marcar el nuevo circuito de acumulación del capital con el único sello con el que puede implementarse: la muerte. La “israelización” de la política latinoamericana ya está en curso: en tanto estrategia continental, dicho proceso deviene su marca decisiva frente a cuyo avance no cabe mas que resistir.

Excursus: Las protestas en Chile han cantado de Víctor Jara “El derecho de vivir en paz”. Lejos de ser una canción “liberal”, constituye un himno popular de la lucha anti-imperialista de un Vietnam contra los EEUU, donde la figura del “tío Ho” truena como guía espiritual de una lucha mundial contra la injusticia. En una solidaridad secreta entre Jara y Ho, entre Chile y Vietnam, las actuales protestas están marcadas por la intuición del pueblo de Chile supiera acerca de lo decisivo de la dimensión anti-imperialista, toda vez que el golpe de Estado de 1973 desde el cual se articuló la Constitución de 1980 y que está actualmente en cuestión, ha profundizado su estela en la llamada “transición” y desde la cual la oligarquía financiera chilena ha podido arrasar enteramente con el país. Seguir al “tío Ho” significa impugnar la asonada imperialista que pretende hacer retroceder a la indiada chilena y su búsqueda de justicia.

Noviembre, 2019

 

 

[1]https://radio.uchile.cl/2019/11/21/informe-de-amnistia-internacional-resalta-responsabilidad-de-mando-en-ataques-contra-manifestantes/

[2]https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-rechaza-categoricamente-informe-amnistia-internacional-violaciones-derechos-humanos/910797/?fbclid=IwAR29JQovEZlV923Rb04Vva-9Ua_EKGDDC_qypS891xmFOkKvmNX86NZxuBY

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