Por Cecilia Abdo Ferez
(UBA/UNA)

Desde mediados de los años ‘70, se habla con frecuencia, en la teoría política, de una paradoja: una vez que los países, en general, se democratizaron o estaban en vías de hacerlo, la democracia comenzó un proceso de des-democratización. Algunos llamaron a este fenómeno “crisis de legitimidad”; otros, “paradoja democrática”; otros democracia como significante vacío (en el sentido peyorativo del término); algunos apostaron al quiebre entre la política y lo político como epistemología excluyente; otros apuntaron a subrayar que, así como la democracia tenía como presupuesto al capitalismo, una vez convivientes ambos, ella perdería paulatinamente su sentido. Lo cierto es que, con excepción de los últimos años de América Latina, en donde (como aconsejó Jürgen Habermas para Europa), la política se animó a polarizar y crear mayorías y eso “salvó” a la democracia, el diagnóstico en torno a la democracia es sombrío.

Las democracias existentes sufren un proceso de des-democratización, o, como dirá Wendy Brown, el neoliberalismo como racionalidad política ha lanzado un asalto frontal contra los fundamentos de la democracia liberal, girando sus principios -constitucionalidad, igualdad ante la ley, libertades políticas y civiles, autonomía política, universalismo- hacia los criterios de mercado. La racionalidad neoliberal concibe cada ser humano, cada institución, incluyendo al Estado constitucional, en base al modelo empresarial. El Estado deja de ser así el propiciador de derechos, la encarnación de la soberanía del pueblo o cualquier otra ficción necesaria y operativa de la teoría política, para convertirse en algo muy factible: una plataforma para hacer negocios.

La coyuntura latinoamericana pone en escena esta misma bifurcación: la disputa entre democracia y neoliberalismo, que impacta de lleno en qué tipo de Estado y qué tipo de vida social se modelan. La pregunta de la hora es si cabe la posibilidad de un Estado que, crecientemente regionalizado, pueda servir de obstáculo al libre flujo del capital, sobre todo del capital financiero -como sugería Gayatri Spivak y como se intentó, con variados resquicios y éxitos, en las últimas décadas del continente-, o si se pasará a una lisa y llana fusión entre Estado y capital, haciendo del Estado una plataforma de negocios, un agente dispuesto a todo por capturar divisas y un gerenciador de las opciones de vida crecientemente individualizadas y desiguales de sus ciudadanos (a su vez, crecientemente individualizados y desiguales). La pregunta planteada, como se ve, tiene dos partes en deforme condición: en el primer caso, se inquiere si cabe la posibilidad de un Estado que sea obstáculo al libre flujo del capital, pero se afirma sin más, en el segundo caso, que la racionalidad política del neoliberalismo buscará la fusión entre Estado y mercado. Esta fusión tomará a la técnica como ideología política y recubrirá la jerga pública de palabras tan erosionadoras de ese espacio común como eficacia, costo-beneficio, rentabilidad, en un proceso creciente de despolitización.

Este proceso de adopción de la lógica y la jerga mercantil parece estar, además, anclado en el sentido común, porque la experiencia de ser consumidores familiariza con esas lógicas y jergas; porque la experiencia de ser consumidores acostumbra y acuna a ese sentido común, mucho más que lo que lo acostumbran y lo acunan las lógicas políticas –lo cual explica, en algún sentido, el favor popular a las opciones neoliberales-. El axioma es que todo aquello que no se adecúa a una racionalidad económica de tipo privado (esto es, a propiciar ganancias por sobre pérdidas contables), es un derroche, una fiesta, un gasto innecesario y una distorsión, que debe “sincerarse” y rectificarse.

El proceso de des-democratización del mundo occidental, en el marco y al calor del neoliberalismo, que se pone dramáticamente en escena en la coyuntura del continente latinoamericano, conlleva un efecto, que también aparece consensuado en la teoría política: la pérdida de referente y más específicamente, la pérdida de los referentes claves de la modernidad política (o dicho en otros términos: la huida del capitalismo contemporáneo de la dualidad significante/significado, para convertirse, en palabras de Lazzarato, en un operador semiótico, que no depende de la significación). Frente a gobiernos que internacionalizan decisiones claves que atañen a su soberanía o que las dejan en manos de actores económicos privados, se desdibuja el referente pueblo al que supuestamente esos gobiernos representan, que ya no tiene poder alguno (salvo como “acontecimiento” o “irrupción”, que podría haberse evitado, como el caso del Brexit); se desdibuja el referente territorialidad frente a la irrupción de agentes que le disputan al Estado el monopolio de la violencia física legítima; se desdibuja el referente jurisdicción, frente a la cada vez mayor internacionalización de los tribunales; se desdibuja su capacidad productiva, por ser parte de un ensamblaje transnacionalizado que produce y también comercia, en el mejor de los casos, bienes como objetos tangibles, y en el mayor de los casos, asientos virtuales de capital financiero. La pérdida de referente -pueblo, territorio, jurisdicción, monopolio de la violencia, fuerza de trabajo- impacta de lleno en la política, la socava y obliga a que replique lógicas similares a las de las marcas comerciales: así como las marcas, para vender, evocan sentimientos que no tienen que ver con las características del producto, la política precisa evocar sentimientos generales y difusos, movilizarlos, pero sin que esos sentimientos tengan un referente claro. Cualquiera que se dedique a desmenuzar contenidos o argumentos en esa evocación (cualquiera que quiera hacer crítica, en el sentido clásico del término), tendrá, primero, que crear los argumentos, que aportar significación, que inscribir logos donde hay pura réplica maquínica.

La pérdida de referente, o el efecto del estadio contemporáneo de la globalización financiera, produce también una difuminación de la diferencia entre lo legal y lo ilegal, que impacta particularmente en el continente.  O sea, los cambios en la actual fase del capital trastocan qué se considera crimen, qué delito, qué inequidad. Hay un cambio en la concepción de crimen, porque cambian aquellos bienes que son socialmente valorados, porque muta qué es (plus)valor, al interior de ese régimen y cómo se extrae. En un mundo crecientemente transnacionalizado, no hay división binaria, tajante, entre lo legal y lo ilegal: quienes delinquen para extraer recursos, en un país, blanquean en ese mismo país o en otro, emprendiendo actividades lícitas; lo que es ilegal en un lado, es legal en otro, lo que es ilegal hoy, puede dejar de serlo ante necesidades financieras, mañana; sectores del Estado emprenden en simultáneo modalidades legales e ilegales de llevar adelante las mismas tareas.

El crimen aparece así como un fenómeno central en el neoliberalismo contemporáneo. Con fuerte influencia en América Latina. Un fenómeno en red, entre lo público y lo privado, lo nacional y lo transnacional, algo concomitante a la lógica financiera, inseparable de ella, y también erosionador de referentes de la modernidad política clásica: un fenómeno que es efecto de la porosidad del referente jurisdicción y que profundiza aún más esa porosidad. No casualmente, las megafiltraciones (“Panamá Papers” y otras) son a nivel internacional y los megafiltradores se asilan en embajadas.

La recomposición del crimen, su nueva centralidad, contribuye también, de manera central, a la reconfiguración de los Estados, que pretende el neoliberalismo. Por un lado, porque fortalece las tecnocracias globales y la delegación de soberanía en virtud de ellas, dado que la complejidad del crimen, su opacidad, hacen que cada vez más sea una métier de expertos y de políticas universalizadas, en y desde el Occidente de los países centrales. Por el otro, porque produce una nueva división moral del mundo, entre Estados criminales y Estados que no lo son, y que, por no serlo, tienen derecho a injerencia sobre los demás. En esta nueva división moral del mundo, los Estados de la periferia se convierten en Estados o ya capturados por el narcotráfico o potencialmente en vías de serlo, o ya capturados por el terrorismo o potencialmente en vías de serlo, siendo estos dos crímenes (narcotráfico, terrorismo) los que sirven de parámetro para todos los demás y el criterio según el cual adecuar el accionar y la modalidad de organización de las fuerzas represivas. Esta asociación inmediata entre Estados fallidos (incapaces de garantizar la seguridad ciudadana o de penetrar el territorio o directamente designados como periféricos) y Estados criminales, no tiene convalidación empírica, pero se sostiene igual. Cuando se describe al Estado como asociación criminal no se refiere en general a las plazas donde se blanquean activos o a las políticas que favorecen esos blanqueos, sino a aquellos países que no pueden controlar que amplias porciones de su territorio queden en manos de redes transnacionales de delito o que precisarían de su existencia como generadores de capital, para sostener el presupuesto público. Esos Estados son los que aparecen como merecedores de tutela.

El Estado y la guerra, bien recuerda Charles Tilly, nunca fueron opuestos excluyentes. El Estado se formó por medio de la guerra, la reproduce, la precisa muchas veces. No obstante, esta nueva centralidad del crimen, esta división moral del mundo, reintroduce la dinámica de la guerra en formas que también erosionan la democracia: guerras internas, sucias, con actores con lealtades diversas. Esta nueva centralidad del crimen, en el contexto del neoliberalismo, pone a los Estados a relativizarlo, porque deben disputar por inversiones de capital de las que no se sabe su origen y qué poco importa, mientras lleguen, y en las que la diferencia entre ser el lugar productor de esos capitales o ser el país receptor, define cuánta violencia se padecerá en su relación. Sin dudas, aquí se inscribe la corrupción, como argumento político. La creciente asociación entre Estado y delito en esta nueva división moral del mundo se usa también para desprestigiar políticas populares, y para erosionar Estados con políticas díscolas de la lógica neoliberal. No es que no haya corruptos, que se entienda bien: es que se debe usar a los que hay, para erigirlos en régimen, en asociación voluntaria -y no sistémica- de decisiones inmorales que siempre son tomadas por políticos y funcionarios, tanto más irrecuperables, cuanto más se asocien a las filas progresistas.

Hay algo nuevo en esta reaparición del crimen como elemento político en la escena contemporánea de la pérdida de referentes. Dentro de la madeja que produce el intento de reconfiguración del Estado en una plataforma de negocios, en el marco del neoliberalismo, la reaparición del elemento del crimen, como argumento político y su asociación inmediata con ciertos Estados, produce cohesión social, a la vieja usanza de E. Durkheim: se declama que se busca desterrar el crimen, eliminar la corrupción, exterminar el narcotráfico y el terrorismo -y no hablar nada de la finacierización y de la intrínseca oscuridad de su lógica-. Esa cohesión social que produce la asociación entre Estado y crimen, puede ser también el argumento político que genere un consenso reaccionario, que aceite la entrada de las políticas neoliberales: una mirada moral oblicua del presente.