Por Gabriela Seghezzo (OBSE-IIGG-UBA/UNAJ/CONICET) y Lucrecia Borchardt Duter (OBSE-IIGG-UBA)
“¿Qué es lo que hace tolerable la presencia de la policía, el control policial a una población si no es el miedo al delincuente? Si aceptamos entre nosotros a estas gentes de uniforme, armadas, mientras nosotros no tenemos el derecho de estarlo, que nos piden nuestros papeles, que rondan delante de nuestra puerta, ¿cómo sería esto posible si no hubiese delincuentes? ¿Y si no saliesen todos los días artículos en los periódicos en los que se nos cuenta que los delincuentes son muchos y peligrosos?”. Hoy, estas preguntas foucaultianas de hace 40 años, revisten suma actualidad.[1] Y el nudo que articula sus respuestas tiene un nombre bien preciso: inseguridad.
En el sentido común mediático político y social, la (in)seguridad es definida como una situación de crisis y emergencia, en la cual la ciudadanía sería asediada y victimizada por la proliferación de cierto tipo de delitos, violencias y desórdenes. En particular, delitos que involucran violencia interpersonal (robos, hurtos, lesiones), que tienen lugar en el espacio público, y que son atribuidos casi de manera excluyente a los jóvenes de los sectores populares. Y esta delimitación acotada del problema de la (in)seguridad no es una novedad, sino que ha constituido desde mediados de la década del noventa un dispositivo que sostiene y legitima socialmente prácticas policiales violentas sobre quienes son construidos como su causa eficiente: los jóvenes de los sectores populares. Este sector social se ha convertido en objeto privilegiado de intervenciones policiales que bajo el supuesto de garantizar el derecho a la seguridad de la ciudadanía vulneran de manera sistemática sus derechos. Al mismo tiempo, esta delimitación securitaria hegemónica ha invisibilizado las transgresiones normativas llevadas adelante por los sectores más privilegiados que producen, por cierto, altísimos daños sociales.
La restauración neoliberal impulsada por el triunfo electoral de Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales al tiempo que ha producido un marcado proceso de retracción de derechos económicos, políticos y sociales que afectan negativa y fundamentalmente a los sectores populares, ha recrudecido diversas formas de violencia institucional y, en particular, las prácticas violentas por parte de las fuerzas de seguridad.
El 21 de mayo, a la una de la mañana, cinco jóvenes/niñxs son perseguidos por la policía a los tiros, chocan con un camión y cuatro de ellxs mueren a manos de las fuerzas policiales. Esta masacre, la de San Miguel del Monte, se enlaza trágicamente con muchos otros acontecimientos: el asesinato de Facundo Ferreira y Rafael Nahuel, la brutal represión a la protesta mapuche seguida de la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Silvia, una joven de 17 años, quien, como una suerte de ironía del poder de muerte, también se apellida Maldonado. Buenos Aires, Tucumán, Rio Negro, Chubut, Santiago del Estero. Se repite una y otra vez la misma escena bajo una única y misma palabra que legitima esas intervenciones de muerte: la inseguridad.
Forma parte también de esta misma saga tanatopolítica el caso del médico de Burzaco que hace sólo unos pocos días fue asesinado de un balazo en la cabeza, por un policía bonaerense que declaró que se confundió al médico con un delincuente. Matar, entonces, no es un problema en esta mitología securitaria. Matar a aquel que se le asigna el estigma “chorro” como identidad, está bien. Algunos asesinatos no son, siquiera, asesinatos. Y la invisibilización de las violencias es la argamasa que mantiene el edificio de las asimetrías en pie. No todas las vidas merecen ser vividas, parecería decirse en esta gramática securitaria. Y así como no todas las desprotecciones organizan nuestros miedos y las preocupaciones públicas, no todas las muertes merecen nuestra atención.[2] La reciente creación “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, dependiente de Gendarmería, es la consagración de la colimba para pobres y una de las tantas formas que asume esta administración diferencial de las vulnerabilidades, inseguridades e ilegalismos.
El paroxismo de este elogio de muerte es Chocobar: el policía que persigue a Juan Pablo Kukoc y lo mata de dos tiros por la espalda, y luego es recibido en la Casa Rosada y felicitado por su desempeño por el Presidente a la Nación. Lejos de ser abusos o excesos de algunos policías trasnochados, que “actúan como ladrones o asesinos”, tal como dijo la Ministra Patricia Bullrich,[3] estas muertes son el efecto de una política securitaria que encuentra en la violencia su principal herramienta para abordar conflictos y disciplinar a los sectores populares. Una política que postula que lxs niñxs y adolescentes de los sectores populares son potenciales delincuentes que deben ser castigadxs, encerradxs y, en el límite, asesinadxs y que no sólo reclama a la policía ejercer el castigo sino también llama a la ciudadanía a ejecutar su propia fantasía totalitaria. Mandato de punición para todos. El médico Villar y el carnicero de Zárate resultan, así, las figuras complementarias de Chocobar. Hoy, incluso, uno es candidato a concejal por el partido de Macri.
Estos acontecimientos muestran una violencia, sistemática y frecuente, que es una exhibición de arbitrio, un espectáculo de impunidad ante toda la sociedad y de dominio punitivo sobre un territorio y sobre los cuerpos de lxs jóvenes pobres que los habitan. Pero, deberíamos diferenciar este tipo de prácticas de cualquier patologización individual o colectiva de los funcionarios o de las instituciones policiales. La violencia policial es un lenguaje de poder, expresa el control territorial, la capacidad de desaparecer, de hacer sufrir y matar. Una mostración de poder e impunidad que, como uno de sus efectos, produce insensibilidad y naturalización de estas violencias. Desprecio manifiesto por algunas vidas y exhibición de indiferencia, un combo que invisibiliza absolutamente el dolor ajeno e, incluso, el propio.
Los efectos del elogio de la punición
Los números de la reciente Encuesta que realizamos desde el Observatorio de Seguridad (ObSe)[4] son más que elocuentes. Como se deja leer en el siguiente gráfico, el 22% de lxs encuestadxs dijo haber sufrido violencia policial durante el último año (izquierda). Pero el porcentaje de violencia experimentada prácticamente se duplica en el caso de encuestadxs entre 15 y 29 años (derecha). Precisamente ello nos habla de una sobrevulneración de la población joven: el 41% sufrió algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad en los últimos 12 meses.[5]
A su vez, resulta particularmente sintomático que estas violencias de las fuerzas de seguridad muchas veces están tan naturalizadas que no son percibidas como problemáticas por quienes la sufren. En este sentido, observamos que el 99% de quienes experimentaron algún tipo de violencia no realizaron la denuncia, y uno de los principales motivos para no hacerlo, según afirman lxs encuestadxs, es la percepción de que fueron hechos sin importancia. En ese sentido, como vemos en el gráfico, el 29% de aquellxs que experimentaron violencia y no la denunciaron, le quitaron importancia a lo acontecido:
Resulta interesante señalar que, si la violencia no es percibida como tal, difícilmente podremos revertir sus efectos. Y muchas veces no vemos las violencias, precisamente, hasta que empezamos a nombrar sus procedimientos, es decir hasta que podemos explicar cómo se ejercen y los mecanismos de su legitimación. En ese sentido, deshacer el sistema de creencias que las habilita resulta una tarea indispensable. Esto es, necesitamos desmontar el pacto de punitividad que sostiene esa administración diferencial de las violencias, vulnerabilidades y las desprotecciones que llamamos “inseguridad”, porque como dice Borges en El jardín de senderos que se bifurcan, “el ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido, debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado”.
El mito del éxito electoral del punitivismo
El clima electoral fogonea unos reclamos punitivos en cuyo centro se ubican unas policías bravas, unas policías de la tolerancia cero y de la violencia. Sin embargo, de acuerdo con lo que pudimos observar en la Encuesta realizada, y a contramano de lo que los medios de comunicación pregonan insistentemente, no estamos frente a una legitimación social lisa y llana de todas las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad. Los “candidatos de la seguridad” deberían tomar nota, porque aquí también los datos son contundentes.[6]
Dos cuestiones llamaron poderosamente nuestra atención en este sentido. Como se deja ver en el siguiente gráfico, nos encontramos frente a un marcado rechazo a que las policías repriman la protesta social, así como también vislumbramos un fuerte desacuerdo a que las fuerzas de seguridad retiren a lxs vendedores ambulantes de la vía pública.
Si en las páginas de los principales diarios, en los noticieros del prime time televisivo y en los discursos de campaña de muchos políticos profesionales, se aplaude la represión a las manifestaciones y el desalojo de lxs vendedorxs ambulantes, los números sociales los confrontan: el 56% de lxs encuestadxs se manifestó en desacuerdo con que las fuerzas de seguridad repriman la protesta social, mientras que el 58% expresó su desacuerdo respecto de que retiren a lxs vendedorxs ambulantes de la vía pública. Y, por el contrario, tal y como se deja ver en el siguiente cuadro, el 97% de lxs encuestadxs privilegió un rol de las fuerzas de seguridad más vinculado a la asistencia que a las dinámicas punitivas:
¿Qué hacer? Contra el mandato de punición
Los organismos de derechos humanos han señalado un significativo aumento de casos de violación de derechos humanos de jóvenes en los territorios en los que se despliegan diversas fuerzas policiales y de seguridad en el marco de la implementación de políticas de “combate a la inseguridad” y la “guerra al narcotráfico”.[7] Hablamos de diversas políticas e intervenciones que habilitan un amplio espectro de situaciones que vulneran y/o someten tanto física, social y psicológicamente, particularmente a los jóvenes de los sectores populares.
En un contexto de fuerte retracción económica, de pérdida de derechos y cercenamiento de las libertades, la cuestión securitaria y el punitivismo parecerían funcionar como compensación parcial tanto para la ciudadanía atemorizada como para los propios policías mal pagos y con condiciones laborales precarias. Asistimos a un backlash securitario.
Como Rita Segato afirma respecto del feminismo, “no podemos replicar el estilo de la política patriarcal. […] Debemos soñar, pero no el sueño del patriarca”. En ese sentido, sin la producción de políticas de seguridad democráticas, difícilmente se pueda romper la espiral de violencia producida en nuestra sociedad. Contra ello, entonces, creemos que se vuelve imperativo una administración inversa de los delitos y desprotecciones. Esto es: se vuelve un imperativo la producción de una seguridad otra. Una seguridad democrática que opere de forma inversa: que visibilice todas estas otras violencias y criminalidades que omite el discurso hegemónico; que ponga el foco en la multiplicidad de desprotecciones que hacen frágiles algunas vidas en estos órdenes sociales tan desiguales; que produzca una reorganización del lugar del castigo y de las fuerzas de seguridad. Esto último supone, primeramente, des-securitizar la violencia policial, no ubicarla como respuesta al problema de la inseguridad, sino como una violencia inaceptable.
Una seguridad democrática en lugar de consolidar un dispositivo de control y vigilancia, de desconfianza y estigmatización, de encarcelamiento y policialización, produce dispositivos que se orienten no ya por la retórica de la guerra sino hacia la resolución de conflictos. Una seguridad democrática desarma el mandato de punición y produce una policía del cuidado, una policía, podríamos decir, de opción preferencial por los más vulnerables.
[1] Foucault, M. (1991). “Entrevista sobre la prisión: el libro y su método”. En M. Foucault, Microfísica del Poder. Madrid: La Piqueta.
[2] Sólo para mencionar un ejemplo de esa selectividad: en 2017, Argentina tuvo una tasa de 5.2 homicidios cada 100.000 habitantes. En términos absolutos, hemos tenido 2279 víctimas de homicidio. Mientras que, para el mismo año, las tasas de homicidio de otros países de América Latina son mucho más elevadas: Venezuela (56.3) Brasil (29.5), Guatemala (27.3), Colombia (25.5) (SNIC-National System of Criminal Statistics). Ahora bien, también para el caso del 2017, según los datos producidos por el Ministerio de Transporte, Argentina ha tenido una tasa de mortalidad en accidentes de tránsito del 12.3, lo que en términos absolutos equivale a 5420 víctimas fatales (Ministerio de Transporte de la Nación-Observatorio Vial Nacional).Es decir, hemos tenido más del doble de muertes por accidentes de tránsito que por homicidios. Sin embargo, los accidentes de tránsito no son considerados parte del problema de la inseguridad.
[3] De forma reiterada los medios de comunicación hacen referencia a la buena imagen con la que cuenta la Ministra. No es objeto de este artículo, pero los resultados del Estudio realizado por la Universidad de San Andrés nos permitirían otorgarnos el beneficio de la duda. Los resultados pueden ser consultados en: https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/15._udesa_espop_mayo_2019.pdf
[4] Nos referimos a la Encuesta sobre las percepciones sociales respecto de las fuerzas de seguridad 2018. La Encuesta se realizó de forma presencial a 447 personas mayores de 15 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 Partidos del Gran Buenos Aires. El estudio indagó, por un lado, la experimentación de distintos tipos de violencia por parte de los habitantes de estos territorios y por otro, la legitimidad con las que cuentan distintas prácticas frecuentes del accionar policial (ObSe, 2019). Los resultados están disponibles en: http://www.sociales.uba.ar/2019/05/08/encuesta-sobre-las-percepciones-sociales-respecto-de-las-fuerzas-de-seguridad/obse/
[5] La Encuesta relevó distintos tipos de violencia: (1) física (golpes, lesiones), (2) psicológica (maltratos, amenazas) (3) simbólica (discriminación) (4) patrimonial y/o económica (hurtos, coimas) (5) sexual (acoso) y (6) de género (discriminación por género). La distinción no implica que se trate de tipos excluyentes, sino que en muchos casos las violencias se superponen y producen de manera conjunta.
[6] De hecho, si trazamos una línea temporal desde mediados de los noventa hasta la actualidad y prestamos atención a los “candidatos de la inseguridad”, esto es, aquellos políticos que organizaron su campaña electoral en torno a la cuestión de la inseguridad, es posible advertir que el securitarimo punitivo cuenta con menos éxitos que fracasos. Desde Aldo Rico y Luis Patti hasta Jorge Sobisch, Carlos Ruckauf y Francisco de Narváez, el punitivismo securitario no garantiza el triunfo electoral y, menos aún, la proyección y la continuidad en la arena política.
[7] Ver CELS (2018): La guerra interna: cómo la lucha contra las drogas está militarizando América Latina. Disponible en: https://www.cels.org.ar/militarizacion/. CELS (2018): Estadísticas de letalidad policial. Disponible en: https://www.cels.org.ar/web/letalidad-policial-estadisticas/ y CORREPI (2019) Informe de la situación represiva nacional 2018. Disponible en: http://www.correpi.org/2019/archivo-2018-cada-21-horas-el-estado-asesina-a-una-persona/.