Por Julián Rebón (IIGG/UBA/CONICET)

Introducción

El gobierno de la Coalición Cambiemos desató desde el primer día una intensa revancha clasista. Las empresas recuperadas por sus trabajadores no han sido ajenas a la misma.

A pesar de su discurso de campaña, el gobierno de la alianza Cambiemos procuró desde el primer día traducir su triunfo electoral con nitidez en una revancha clasista. La fenomenal concentración de poder alcanzada con la unificación –al extremo de casi mimetizar- elite política y económica y el fuerte apoyo en los círculos mediáticos, judiciales y del establishment internacional implicó en paralelo un proceso de reestructuración regresiva de las condiciones de vida de los sectores populares. Como señaláramos hace poco en otra nota:

“De “arriba” hacia “abajo” se desató la búsqueda de convertir en privilegios y clientelismo los derechos alcanzados, en exceso las condiciones de vida, en desmoralización el empoderamiento, en prisión la rebeldía y, sobre todo, despejar del horizonte de cambio social cualquier pretensión de mayor igualdad. Se trata de una nueva edición del proyecto de reestructuración regresiva del capitalismo argentino, de inspiración neoliberal. Más que de una nueva derecha se trata de un viejo proyecto limitado por las nuevas condiciones. La más importante de todas: el triunfo electoral no se dio en el marco de una derrota social de las clases populares. Por el contrario, estos vienen de una etapa previa de recomposición, de avance en conquistas y capacidad de acción. Realizar políticamente su victoria, imponer la transformación deseada, supone el desarme de los sectores populares, de su voluntad y capacidad de lucha. Entre su determinación y la realidad media la resistencia popular.”[i]

Las empresas recuperadas se han visto afectadas en su desenvolvimiento por la revancha clasista y por el proceso general de reestructuración regresivo –en la perspectiva de las clases populares- del capitalismo argentino. Al mismo tiempo, se han incorporado como un actor más en la resistencia popular a estas políticas. En este artículo daremos cuenta de este doble proceso.

Empresas recuperadas en tiempos de Cambiemos

Las Empresas recuperadas por sus trabajadores nos refieren a unidades socioproductivas gestionadas por sus trabajadores cuyo origen se encuentra en la reconversión de empresas capitalistas. Tres aspectos se destacan en su configuración:

1. Una situación crítica de la empresa capitalista previa, en el cual se desarrolla un proceso de vulneración de la relación salarial por el capital, a través de mecanismos tales como despidos generalizados y no pago de salarios.
2. Un proceso de resistencia colectiva de los trabajadores a la vulneración de la relación laboral y desaparición de la unidad productiva.

• Como resultante del proceso de resistencia se produce una reconversión organizativa de la empresa a partir de una gestión asociada y colectiva por parte de trabajadores de la empresa fallida. En prácticamente la totalidad de casos, la nueva empresa adopta la figura jurídica de Cooperativa de Trabajo.

Estas empresas abarcaban a mediados de 2016, según datos del Programa Facultad abierta de Filosofía y Letras de la UBA[ii], a 367 unidades productivas ocupando a 15.948 trabajadores. Se trata de empresas pequeñas y medianas –no micro empresas- con un promedio de 43 trabajadores por establecimiento. Aunque la mitad de las empresas se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, existe presencia de estas unidades productivas en 20 de los 24 distritos del país. A pesar de que en ocasiones se las denomina fábricas recuperadas el término empresas ajusta mejor al proceso dado que si bien hay mayoría de industrias, también con el paso del tiempo se extendió significativamente a los servicios. Las principales ramas son la metalúrgica, la gráfica, la textil, la gastronómica y la industria de la carne.

Esta realidad productiva emergente ancla su historia en un ciclo que se inicia a fines de los 90 y que en el presente no da muestras de detenerse. Dicha historia puede delimitarse a partir de cuatro grandes etapas según las características que éste asume: inicio, difusión, estabilización y resistencia.

La primera etapa, representa el inicio del ciclo de recuperaciones a partir de una serie de experiencias pioneras emergidas a fines de los ´90, en el contexto de un agudo proceso de desindustrialización del país. En este contexto se desarrollaron unos pocos casos de fábricas recuperadas a un ritmo lento y en condiciones de relativo aislamiento entre sí. Algunas de estas fábricas representarán emblemas para el surgimiento del movimiento de empresas recuperadas.

La segunda etapa, se desarrolla en el marco del agotamiento del modelo económico emergente de las reformas neoliberales expresado con nitidez en la crisis de 2001. Esta crisis general fue el marco propicio para la difusión de la recuperación de empresas. Se conforman los movimientos de empresas recuperadas y el proceso logra una fuerte repercusión pública. El cierre generalizado de unidades productivas y la expulsión del mercado laboral de fracciones de la clase trabajadora estable, en un contexto de crisis política, intensa movilización social e innovación autónoma de grupos de la sociedad civil, conforma la ecuación eficiente para que germine esta forma de desobediencia al desempleo. Es en este momento, durante el año 2002 cuando se recuperan más cantidad de empresas.

A la etapa de difusión del proceso en el marco de la crisis, le sucederá una etapa postcrisis signada por su estabilización. Ésta se desenvuelve en un contexto histórico de recuperación económica y reconstrucción de la autoridad política, marcada por la consolidación de un nuevo ciclo de gobierno de corte reformista denominado popularmente como kirchnerismo (2003-2015). El fuerte crecimiento económico y expansión del mercado interno de los primeros años postcrisis constituyó un aliciente para el crecimiento y continuidad del proceso. La existencia de una política relativamente favorable a las Empresas Recuperadas también influyó en la estabilización de las empresas y en el surgimiento de nuevas. Se desarrollaron una serie de programas específicos de apoyo, que si bien fueron más diseñados como programas de inclusión laboral y social que como una política económica de desarrollo cumplieron un rol relevante. El proceso fue también legitimado abiertamente por el poder ejecutivo, que incluso apoyó una reforma de la Ley de Concursos y Quiebras a pedido de organizaciones de empresas recuperadas. Sin embargo, la instalación de las empresas recuperadas como modelo de acción en la caja de herramienta de los trabajadores, su conocimiento y valoración como forma de enfrentar el cierre laboral fue el factor clave que promovió que a pesar del fin de la crisis ocurran nuevas recuperadas. Conocida como herramienta los trabajadores la continuaron usando en la nueva etapa ante nuevos cierres empresariales, aunque a un ritmo menor que en la etapa previa[iii]. Esta expansión fue posible también, porque si bien el desempleo descendió, continuó alcanzando niveles significativos –alrededor del 7% para los últimos años del kirchnerismo frente al 22% del peor momento de la crisis- .

Finalmente, a partir de 2016 con la asunción del gobierno de centro-derecha de la Alianza Cambiemos encabezado por Mauricio Macri, se abre una nueva etapa en el ciclo de la recuperación de empresas signada por la resistencia a un nuevo proceso de reestructuración de inspiración neoliberal.

Si bien dado el poco tiempo transcurrido y el carecer de datos sistemáticos dificultan una caracterización conclusiva de la etapa, el marcado cambio de políticas produce sin lugar a dudas un significativo impacto.

En primer lugar las políticas macroeconómicas impactaron en las cooperativas a través de tres vías principales. El fuerte ajuste de tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y agua incrementaron marcadamente los costos de las empresas. La apertura de las importaciones promovió una fuerte competencia en términos desfavorables para las empresas industriales. Finalmente, el debilitamiento del consumo de los sectores populares y la recesión económica resultante del proceso de ajuste impactaron en las ventas dado que las empresas recuperadas orientan su producción al mercado interno.

En segundo lugar, se nota un cambio de la política hacia las cooperativas de trabajo y empresas recuperadas en el marco de la revancha clasista anteriormente señalada. Emerge un marco más hostil al proceso. Si bien existe continuidad en la mayoría de las políticas específicas de la etapa previa más allá de recortes presupuestarios y disminución de las compras estatales, el gobierno en sus distintos niveles promueve un proceso de deslegitimización del proceso y de obstaculización de los avances en el reconocimiento de la tenencia formal de las unidades productivas. El veto sistemático existente en la etapa previa en la Ciudad de Buenos Aires, se extiende ahora a la Provincia de Buenos Aires y a la Nación con los nuevos gobiernos de Cambiemos en estas dos jurisdicciones. Las cooperativas pasan a ser representadas como simples emprendimientos privados y se argumenta desde esta línea que no cumplen una función social que dé lugar a una utilidad pública. En simultáneo, se alienta las recuperaciones capitalistas, con la búsqueda de inversores. También el cambio de época se registra a nivel judicial, donde en el marco de un cambio de política de control social sobre la protesta –crecientemente más represiva- recrudecen los desalojos de empresas como en los casos de Industria RB y Acoplados del Oeste. Finalmente, a nivel mediático emerge una clara avanzada deslegitimadora del proceso como analizaremos a continuación en el caso del Bauen.

Este conjunto de condiciones negativas son resistidas por los trabajadores, promoviendo la revitalización de sus organizaciones y su movilización junto a otros actores que resisten el ajuste. A las tradicionales ocupaciones de empresas y acampe como modo de recuperar empresas, se le suman movilizaciones por reclamos generales para el sector cooperativo y de la economía popular, pero también la convocatoria a acciones con otros actores afectados por el ajuste como la construcción de la multisectorial contra aumentos de las tarifas de los servicios públicas con clubes, organizaciones sociales y entidades de pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, en tanto y en cuanto las organizaciones de recuperadas se autoidentifican como parte de la clase trabajadora, se han sumado a las grandes movilizaciones generales convocadas por el sindicalismo y al reciente paro general.

En este marco, si bien se registran nuevas recuperaciones –entre las más destacadas esté probablemente la del diario Tiempo Argentino- no se avizora una nueva oleada ni un incremento del ritmo de recuperaciones. Por una parte, el aumento del cierre de empresas, particularmente en el sector industrial, promueve nuevas recuperaciones. No obstante, hay un conjunto de elementos que dificultan una expansión. Entre éstos, un marco político más hostil al proceso y las condiciones macroeconómicas negativas para la recuperación productiva. También las dificultades que las ER preexistentes presentan y visibilizan públicamente en sus luchas pueden transformarse en un factor disuasivo para nuevas recuperaciones.

 

El caso del hotel Bauen. El neoliberalismo ataca dos veces.

El hotel Bauen, uno de los emblemas de las empresas recuperadas, representa uno de los procesos más afectados por la coyuntura actual. La vulnerable situación judicial de la tenencia de la unidad productiva lo ha convertido en blanco dilecto del ataque del gobierno, de la prensa conservadora y de la justicia.

La cooperativa Bauen posee una dilatada historia. En marzo de 2003, un grupo de ex trabajadores del hotel, acompañados de movimientos de empresas recuperadas y otras organizaciones sociales, puso manos a la obra con el objeto de recuperar el tradicional establecimiento de Callao y Corrientes, que había cerrado sus puertas a fines de 2001. El pequeño grupo inicial de trabajadores se fue expandiendo, llegando a conformar un colectivo laboral de alrededor de 130 personas. En este marco, el Bauen dejó de ser un hotel más y se transformó en un espacio abierto al encuentro de organizaciones sociales, en un foco de vida cultural y política alternativa, en un verdadero emblema de las luchas populares. Desde el primer día, trabajar supuso luchar para evitar el desalojo, las clausuras y lograr la tenencia formal del inmueble. A través de los años, sus trabajadores apelaron a la movilización, a la solidaridad de una multiplicidad de actores sociales, a la lucha en el plano judicial, a la presentación de diversos proyectos de expropiación, entre otras estrategias. A pesar de concitar una amplia legitimidad social, la cooperativa no logró conseguir la tenencia formal del hotel. El que la propiedad del edificio no se encontrara en la quiebra de la empresa fallida producto de una maniobra de sus ex dueños y el alto valor inmobiliario dificultaron reiteradamente avanzar en su resolución.

Durante los doce años de gobiernos kirchneristas la cooperativa fue legitimada por la organización de diversos eventos gubernamentales y de actos con funcionarios en el hotel. Sin embargo, no se logró resolver el problema de la tenencia. Recién sobre el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se consiguió la media sanción de la expropiación y al año del gobierno de asunción de Macri, ésta logra su aprobación en el Senado. La ley aprobada establecía la expropiación de las instalaciones –junto a los bienes muebles y la marca– y su entrega en comodato a la cooperativa para que continúe con la actividad productiva y la generación de puestos de trabajo. Pero además establecía como condición que los trabajadores continúen y amplíen la realización de actividades culturales, artísticas, sociales y educativas en el establecimiento; y dediquen una parte de los servicios hoteleros al turismo social y a dar cobertura a derivaciones médicas de jubilados y pensionados de todo el país que requieran traslado a la Ciudad. El proyecto proponía que el edificio se compre compensando las deudas por el crédito tomado de la banca estatal por sus propietarios durante la última dictadura para construir el Hotel. Dicho crédito nunca término de pagarse. Contrastante con estos considerandos pero consistente con sus anteojeras ideológicas, Macri vetó la ley señalando problemas presupuestarios aduciendo que representaba una erogación “sumamente gravosas para el Estado Nacional, favoreciendo exclusivamente a un grupo particularizado y sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general”. El veto a la ley produjo una nueva avanzada judicial. La cooperativa recibió una notificación de la jueza Paula Hualde, al frente del Juzgado Comercial N° 9, en la que se dispone el desalojo por la fuerza pública del inmueble, con un plazo tope el día 19 de abril.

En este marco, los trabajadores presentaron nuevas apelaciones judiciales y lanzaron una amplia campaña política de movilización y solidaridad con el objeto de conseguir los dos tercios de ambas cámaras del Congreso Nacional para ratificar de este modo la ley.

El caso del Bauen no es un caso más. La pretensión de poner fin a la experiencia, condensa el malestar de clase de la sociedad capitalista con las empresas recuperadas. Éstas mostraron que podían producir allí donde el capitalista abandonaba la producción y revertir procesos de destrucción productiva y pauperización social. Malestar relativamente velado hasta ahora, las nuevas condiciones políticas visibilizan el mismo. La reciente editorial “Ocupaciones ilegales” del diario La Nación[iv] –vanguardia intelectual de la revancha- da clara muestra de ellos. Preocupado por la “falta de respeto a la propiedad” pesada herencia en su entender del “pasado populista”, pone en discusión a las empresas recuperadas a través del caso del Bauen, y propone usar al mismo como “guía sobre la forma correcta de respetar el Estado de Derecho”. Dicho de otro modo, propone que el mismo se convierta en un caso testigo de desalojo y represión. Estos ataques de plumas envenenadas por el odio de clase soslayan que se trata de una ocupación legítima. La cooperativa Bauen en su trayectoria, al igual que otras empresas recuperadas, ha logrado construir legitimidad moral basada en el derecho al trabajo y la función social de la cooperativa. También ha conseguido construir legitimidad fáctica dado que el hotel funciona y ha logrado preservar la fuente laboral sumando nuevos trabajadores y compartiendo solidariamente el espacio. Sin esta legitimidad y reconocimiento público hubieran sido desalojados hace mucho tiempo atrás y la expropiación no hubiera podido avanzar en el parlamento. Por último, el señalamiento entraña la hipocresía de convocar al apego a la institucionalidad allí donde ésta no se logra por una clara decisión política de quien personifica el gobierno del Estado. ¿Podrá el “respeto a la propiedad” acallar el respeto al trabajo incluso cuando ésta se ha obtenido a costa del Estado? La justicia de clase ¿restituirá injustamente a quienes se apropiaron de recursos públicos y dejará en la calle a quienes los recuperaron para el usufructo colectivo y social? En estos días la lucha de los trabajadores del Bauen se transforma en un emblema más de la lucha por defender lo alcanzado, enfrentar el proceso expropiatorio y construir las condiciones para un nuevo tiempo político que deje atrás la revancha clasista.

 

[i] Rebón, J. (2017) La revancha clasista y su resistencia, Página 12, 22 de Marzo de 2017, p.1

[ii] Programa Facultad Abierta (2016). Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri. Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

[iii] Dicho conocimiento se extiende al conjunto de la población. Una encuesta estadísticamente representativa de la población del principal centro urbano del país -la Metrópolis de Buenos Aires- que realizamos en 2012 en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y el CEDESAL, registró que a pesar de que las ER representa un fenómeno acotado, el 73% de la población conocía su existencia, predominando ampliamente entre los encuestados su valoración positiva – 93%-. Esta valoración se extiende incluso a sus aristas más disruptivas y extra-institucionales, entre ellas la forma emblemática de acción colectiva del proceso: la toma u ocupación de la unidad productiva. El 84% de la población consideraba justo que trabajadores de una fábrica que está por cerrar la ocupen para ponerla a producir. Ver Rebón, J.; Kasparian, D.; Hernández, C. (2015). La economía moral del trabajo. La legitimidad social de las empresas recuperadas. Trabajo y Sociedad, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2014 vol. n°23, (pp. 173-194).

[iv] La Nación. Ocupaciones ilegales. 14 de marzo de 2017.