Por Paula Andrea Lenguita (CONICET/UBA)

En un artículo publicado en mayo de este año, titulado “Apuntes actuales del sindicalismo argentino”[I], inicié una reflexión sobre los retos sindicales impuestos por el régimen macrista. A sólo algunos meses de dicha aproximación, las condiciones políticas para los gremios variaron notablemente. En apariencia, quedó atrás el escenario de protestas masivas de la primera mitad del año. Esta reversión, en parte, es consecuencia del respaldo electoral que obtuvo el gobierno nacional el pasado 22 de octubre. Y, de alguna manera, dicho apoyo configura un nuevo marco de alianzas para avanzar con las reformas requeridas por el programa de gobierno.

En ese sentido, es interesante revisar cuál fue la maniobra distractiva empleada para evitar dar cuenta de la orientación reformista del macrismo, en los días de campaña electoral. Sólo en el cierre del coloquio marplatense de Ideas, el presidente descuidó esa distancia y se mostró abiertamente cercano a los empresarios que apuntalan la iniciativa del gobierno. Aún así, el ministro de la cartera laboral sostuvo su papel con los sindicatos, al mencionar la gradualidad de la medida en franca alusión a la amplitud de consensos requeridos para amortiguar sus impactos.

Sin embargo, naturalmente, el triunfo electoral aceleró los tiempos de las reformas macristas. Fue, sin dudas, el empujón que el gobierno esperaba para medir fuerzas con los sectores de la oposición. El disimulo preelectoral, al evitar vincular esta política con el pasado reformista de la década del noventa y la brutalidad de la reforma brasileña, parece ya no tener sentido. Ahora bien, el gobierno está en condiciones de acelerar los tiempos de esta iniciativa con el respaldo electoral, pero la oficialización del contenido de la reforma, por su orientación regresiva, seguramente provoque reacciones gremiales adversas.

A diferencia de la actitud preelectoral del Ministro de Trabajo, el borrador presentado a los gremios muestra un carácter integral y no gradual de la iniciativa. Según los laboralistas, las consecuencias regresivas de esta enmienda serán drásticas para la legislación laboral vigente. De los 142 artículos, 12 títulos, 36 capítulos y el anexo, queda en evidencia el sesgo propatronal de esta medida gubernamental. Según el comunicado que emitió la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), la reforma laboral macrista es estructural porque “ataca los pilares históricos del derecho al trabajo en la Argentina”. Dicha asociación de laboralistas incluso sostiene que, frente a esa embestida, la resistencia debe ir más allá de la representación parlamentaria, de otro modo su regresividad nos llevará al pasado de la crisis económica del 2001 en el país. En ese sentido, la vuelta al pasado del programa macrista es inconducente para resolver los problemas del empleo que hoy existen, cuando además agravará la situación económica que se intenta recomponer. De tal manera, ya hemos pasado por la pérdida de derechos laborales y sociales que no conllevan mejorías macroeconómicas. Incluso más, la Organización Internacional del Trabajo viene dando cuenta de lo improcedente de este tipo de planteos, que buscan en la desregulación laboral la salida a la crisis de inversión del capital sobre todo en economías de austeridad. Por consiguiente, resta preguntarse si la insistencia en este tipo de políticas neoliberales es más un signo ideológico que político. Tal vez parte de la respuesta está en la alusión que el propio borrador del proyecto establece, cuando aspira a la “liberación de las fuerzas de la producción”, evocando al Ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar, José Martínez de Hoz.

Ahora bien, el gobierno macrista no solo evitó la comparación con nuestro pasado reciente, también apuntó, a partir de la noción de gradualismo, a distanciar la reforma en el país con la recientemente impuesta en Brasil.  Sin embargo, aquí también los puntos de encuentro son notables.

Al consultar con una especialista brasileña, Magda Barros Biavaschi, es posible establecer ciertos parangones de las estrategias reformistas. En ambas, hay un principio filosófico contrario al derecho protectorio del trabajo. En ese sentido, tienen como principio la idea de armonía entre compradores y vendedores de la fuerza de trabajo. Es decir, con ese principio se desmonta la red pública de protecciones que fundamenta el sistema de relaciones del trabajo. En ese sentido, ambos procesos son regresivos y violatorios de los fundamentos del derecho al trabajo, y los principios constitucionales nacionales, así como también de los tratados y convenciones internacionales en materia laboral. De tal manera, ambas reformas legalizan los contratos atípicos, aquellos que son fraudulentos respecto al vínculo laboral, cuando además legitiman la contratación de “autónomos” para realizar actividades continuas y permanentes como trabajadores, al introducir los contratos intermitentes y ampliar la tercerización para cualquier actividad. Otro elemento a tomar en consideración entre ambas iniciativas gubernamentales, es que reduce el derecho colectivo del trabajo sobre disposiciones como la jornada o la remuneración. Y finalmente, instrumenta una serie de principios fraudulentos hacia el trabajo y el trabajador, no sólo en cuanto a la jornada de trabajo, también en relación a las horas extras, las indemnizaciones por despido sin causa, etc. (recordemos que además esta propuesta llega al extremo de proponer un “fondo de cese de empleo”, imponiendo que el trabajador se costee su propia indemnización). En fin, una reforma regresiva para condonar deudas y responsabilidades de las patronales, sin un beneficio aparente para los trabajadores. Y si efectivamente el principal argumento del gobierno es una reforma para generar empleo, la pregunta es porqué tiene cláusulas sobre despido y pérdida de derechos indemnizatorios para los trabajadores.

En síntesis, el triunfo electoral del gobierno macrista aceleró los tiempos de una reforma laboral que tiene a los empresarios industriales entre los interesados. Aún cuando se hablaba de gradualismo en la implementación de políticas laborales, siempre ha quedado claro cuál sería el principio de la transformación. Desde el inicio el gobierno macrista actuó en beneficio de los sectores del capital, cuando suprimió las retenciones al campo y llevó adelante el blanqueo de capitales financieros. El turno parece ser ahora el de los capitales industriales concentrados. Todas medidas desregulatorias y paraguas legales para reducir los márgenes de defraudación laboral y tributaria . El hecho de salir airoso de la primera contienda electoral siendo gobierno, y con un programa económico de ajuste, le dió al macrismo la ocasión de interpretar que era el momento para acelerar los tiempos de la transformación legal e institucional de los regímenes laborales y fiscales. El abandono del gradualismo es la forma que tiene de demostrar el peso político que obtuvo de las legislativas. De tal manera, el paquete de reformas parece ser integral, abarcando cambios sustantivos a nivel laboral, previsional y fiscal.

Como se dijo, cuesta creer que este deterioro del derecho laboral nacional resuelva problemas estructurales del desarrollo económico del país. Nuestra memoria histórica, y la serie de estudios contrarios a este tipo de planteos teóricos del neoliberalismo, tienen que alcanzar para sensibilizar a los gobiernos. Salvo que en realidad, los gobiernos neoconservadores están más presos de sus límites ideológicos, es decir, tienen políticas que sólo deterioran la situación de la mayoría de los trabajadores. Un dilema que el sindicalismo tampoco alcanza a ver con claridad, cuando se sienta a negociar un programa de ajuste laboral y regresividad para los trabajadores. Pero aún más, no estamos sólo frente a un retroceso histórico, político y social, también en lo económico estas medidas son inconducentes, ya que como hizo Domingo Cavallo una reducción de aportes patronales horizontal a la larga afecta el equilibrio fiscal y reduce la capacidad salarial de los trabajadores. Tal vez, como en el pasado son medidas que intentan institucionalizar y legalizar esa serie de incongruencias de la política económica. Veremos cómo se avanza en esta disputa, cuál será el rol del sindicalismo y los partidos políticos tras esta embestida macrista. Y cómo esta brutal transferencia de ingresos de los trabajadores a los capitalistas vuelve a ponernos como en la ola reformista de los años noventa, en la puerta de una crisis terminal de nuestra economía. Alguna vez los organismos internacionales de crédito, que son los principales artífices de estas reformas regresivas, tendrán que hacerse cargo de las consecuencias de sus apuestas cortoplacistas para economías que tienen que pensar, de una vez, en el largo plazo.

Tal como se considera en el artículo aludido antes, los desencuentros entre las fuerzas sindicales han sido muchos y variados. Demasiado para construir una oposición efectiva. El balance de este tiempo es algunas jornadas de lucha en unidad, un acuerdo salarial a finales del año pasado tras la pérdida del poder adquisitivo que se incumplió. En ese sentido, la pregunta sobre los retos sindicales frente a la reforma laboral configura un escenario de respuestas que es apremiante para los trabajadores y sus organizaciones. La tregua de algunos, las denuncias internacionales de criminalización de la protesta por parte de otros, no alcanzan a estimular al conjunto para construir una agenda opositora a la altura de la actual coyuntura de retroceso de derechos laborales y sociales de las mayorías. En esas condiciones, no es sólo el ritmo impuesto por la política neoconservadora del macrismo, el problema está también en la dificultad de un liderazgo de la oposición con autoridad suficiente para conducir una política alternativa.

 

[I] Lenguita Paula, “Apuntes actuales del sindicalismo argentino“. En: Revista de la Facultad de Ciencias Sociales / UBA (93), Buenos Aires, 2017. Disponible en: http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2017/05/REVISTA-93-028-LENGUITA.pdf